La Audiencia de Palma ha condenado al expresidente balear Jaume Matas a 7 años de inhabilitación por prevaricar para encargar a Santiago Calatrava el diseño de un palacio de la ópera y le impone la devolución de los 1,2 millones públicos que cobró el arquitecto valenciano del Govern autonómico.

La sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Provincial considera a Matas autor de un delito de prevaricación, por el que le inhabilita por 7 años al aplicarle la atenuante de dilaciones indebidas y le absuelve de la acusación de tráfico de influencias.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que ejercía la acusación particular, solicitaron en el juicio, celebrado a finales de septiembre, una condena de 1 año de prisión y la devolución en concepto de responsabilidad civil de los 1,2 millones abonados por el Govern a Calatrava.

La sala cree probado que en 2016 Matas decidió presentar un gran proyecto de obra pública para Palma antes de los comicios regionales del 27 de mayo del año siguiente "con el objetivo de favorecer su candidatura para ser reelegido".

Así, impulsó su idea sin ningún estudio económico o técnico previo y sin siquiera tener a su disposición el área donde instalaría el edificio, el muelle viejo, propiedad de Puertos del Estado y sujeto también a competencias municipales.

En abril de 2006 mantuvo un primer contacto con Calatrava y a principios de 2007 volvieron a verse en Palma, acordando que el arquitecto presentaría un anteproyecto, un vídeo y dos maquetas de un teatro de la ópera en el marco de una remodelación del muelle, sostiene el tribunal.

A partir de ahí, expone la Audiencia, Matas puso en marcha un proceso administrativo a través de la sociedad pública de infraestructuras de la conselleria de Educación y Cultura, una tramitación fraudulenta en la que se justificó la contratación de Calatrava incluyendo una descripción de la obra del arquitecto sacada de Wikipedia en la resolución del Govern que autorizaba el encargo del diseño de la ópera.

El entonces presidente autonómico balear "se saltó todos los requisitos legales y evitó de esta forma la posibilidad de la concurrencia de otros profesionales suficientemente capacitados para llevar a cabo una idea indeterminada, sin concreción, que admitía distintas plasmaciones, versiones o proyectos".

El tribunal hace hincapié en que la celeridad del proceso, que debía culminar con una presentación pública finalmente prohibida por la junta electoral antes de las elecciones, prueba que "Calatrava contaba con el material", dos maquetas y un vídeo por los que cobró 200.000 euros, mientras que sus honorarios fueron de 1 millón.