Con casi tres siglos de historia intermitente y durante años anecdótica, los Mossos d'Esquadra quedaron ayer bajo el control del Gobierno, que destituyó a la cúpula de la consellería y cesó al mayor, Josep Lluís Trapero, en el momento en que el cuerpo tenía más popularidad y competencias que nunca. En aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno ha cesado al conseller de Interior, Joaquim Forn, al secretario general, César Puig, al director de los Mossos, Pere Soler, y al mayor, Josep Lluís Trapero, que será sustituido por su hasta ahora número dos, Ferran López, bajo el mando directo del secretario general técnico de Interior, Juan Antonio Puigserver.

Consagrados por el Estatut de 2006 como policía integral de Cataluña, un total de 16.783 efectivos forman actualmente el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, que culminaron su despliegue por toda Cataluña en 2008 y que desde el verano pasado han experimentado los meses más agitados de su convulsa historia, al tener que lidiar con los atentados yihadistas del 17 de agosto y con su papel clave en el proceso soberanista y el referéndum del 1 de octubre. La gestión de los Mossos tras los atentados de Cataluña, no exenta de algunas polémicas, propició un gran reconocimiento al cuerpo y especialmente a su mayor, Josep Lluís Trapero, que en tan sólo unos meses pasó de los altares de los independentistas a declarar como imputado por sedición en la Audiencia Nacional y ser desposeído de su cargo.

Trapero, hombre de la máxima confianza del también cesado Carles Puigdemont, se ha visto inmerso, al igual que los Mossos, en una encrucijada de difícil resolución: mientras el gobierno catalán prometía que su policía garantizaría la votación el 1-O, suspendido por el TC, la justicia les ordenó impedirlo. Tras la apertura de la mayoría de los más de 2.000 colegios electorales del 1-O que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligó cerrar a los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional cargaron contra los concentrados en algunos de los puntos de votación, lo que derivó en un cruce de reproches entre cuerpos y llevó a la policía catalana a ser investigada en varios juzgados por su supuesta pasividad.

Con un conseller, Joaquim Forn, y un director, Pere Soler, independentistas sin tapujos, recién aterrizados en el departamento de Interior para relevar a Jordi Jané y Albert Batlle -partidarios de que la policía catalana se limitara a cumplir y hacer cumplir la ley-, los Mossos han acabado siendo intervenidos en aplicación del 155 en pleno pulso entre la Generalitat y el Gobierno.