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Exhumación de Franco

La carrera contrarreloj de Pedro Sánchez para exhumar a Franco

La promesa del Gobierno de sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos podría realizarse antes de las elecciones generales a pesar de la oposición de la familia

El Valle de los Caídos registró un considerable aumento en el número de visitantes el año pasado. Reuters

A falta de dos meses para las elecciones generales, la exhumación de los restos de Franco es una de las cuestiones cruciales que marcarán la campaña electoral. Ya son menos los obstáculos en la carrera contrarreloj de Pedro Sánchez para sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. A pesar de ser una de las primeras promesas que realizó el actual presidente nada más llegar al Gobierno en junio del año pasado, su cumplimiento ha ido posponiéndose a lo largo de sus ocho meses de legislatura.

En vista de la oposición de la familia del dictador, con la que el Gobierno no ha llegado a ningún acuerdo, el Ejecutivo les ha concedido quince días para pronunciarse. En caso contrario, será el propio Gobierno quien decida dónde enterrar sus restos. Y ante la contundente negativa del prior del Valle, Santiago Cantera, líder de los monjes de la orden benedictina que custodia este monumento, perteneciente a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos -administrada por Patrimonio Nacional-, el Vaticano ha enviado una carta al abad de esta orden obligándoles a permitir su exhumación.

En opinión de Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), "Sánchez ha sido bastante torpe a lo largo de este proceso. Creo que el Gobierno debería haber actuado de oficio si considera que hay que hacerlo, puesto que es el poder ejecutivo y por lo tanto lo que tiene que hacer es ejecutar sus decisiones". De hecho, existen precedentes. En noviembre de 2016, el Ayuntamiento de Pamplona, con el apoyo del Arzobispado, sacó los restos de los generales Mola y Sanjurjo del Monumento a los Caídos situado en la capital navarra. Antes de llevar a cabo esta operación, el Consistorio habló con las familias. Por parte de Mola no hubo oposición, pero los allegados de Sanjurjo sí se mostraron en contra y denunciaron al Ayuntamiento, que a pesar de ello siguió adelante con las exhumaciones. Después de dimes y diretes judiciales, el pasado mes de enero, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha avalado la actuación municipal.

"La exhumación de los restos de Franco es una decisión partidista y no se puede hacer sin permiso de la Iglesia y de la familia", asegura Pablo Linares, de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos

Sin embargo, desde la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) sostienen que la exhumación de los restos de Franco se debe a "una decisión absolutamente partidista" por parte del PSOE, que "trata de vestir de una presunta legalidad". A lo que añaden que, "por mucho que sea un decreto ley convalidado por el Congreso", la única manera de la que podría hacerse esta exhumación sería "por la vía de hecho". En ese caso, "el Gobierno de Pedro Sánchez estaría delinquiendo gravemente y se enfrentaría a los delitos de profanación y prevaricación, puesto que no puede haber un decreto ley que vaya por encima de una ley de régimen superior como son los acuerdos Iglesia-Estado de 1979", esgrime su presidente, Pablo Linares, que señala que no se puede hacer "mientras no haya permiso de la Iglesia pero también de la familia".

Manifestación antifranquista exigiendo la exhumación de los restos del dictador.EFE

En opinión de Silva, por el contrario, no es legítimo que sea la familia del dictador quien decida qué hacer con sus restos. "El Gobierno les ha ofrecido unas posibilidades y ellos las han despreciado. Una de las cosas más llamativas de este proceso ha sido el empoderamiento de la familia del dictador. No es ya un asunto familiar, están retando al Estado", critica el presidente de ARMH. Lo "normal", opina, sería que quisieran enterrarlo con su mujer, Carmen Polo, en el cementerio de Mingorrubio, en Madrid.

Ante la petición de la familia de trasladar su cuerpo a un sitio tan representativo como el cementerio de La Almudena, se han disparado todas las alarmas. Tal y como señala Silva, en Alemania, los restos del militar y político nazi Rudolf Hess se arrojaron al mar para impedir que su tumba fuera un lugar de peregrinación. "No hubo ningún tipo de negociación con la familia. Se consideró que era una medida de higiene democrática y se actuó", advierte.

"Todos, incluyendo las víctimas de la dictadura, somos obligados a pagar con nuestros impuestos un mausoleo que enaltece al dictador", asegura Silva. Por eso, desde esta asociación se muestran optimistas y creen que saldrá de allí antes o después. "Si no, habrá que seguir reclamándolo, porque es una obligación democrática", aseguran.

El caso de Primo de Rivera

Mientras el revuelo parece haberse centrado en la figura de Franco, José Antonio Primo de Rivera ha quedado relegado a un segundo plano a pesar de compartir protagonismo con el dictador, situado también en un lugar preferente en el Valle. Precisamente, la comisión de expertos encargada en 2011 por el Gobierno de Zapatero, propuso un traslado de los restos de este general a un lugar "no preeminente".

El presidente de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos destaca que con los restos de Primo de Rivera, fundador de Falange Española, no se ha abierto ningún procedimiento administrativo. "La comisión de expertos, que fue convocada por los socialistas -subraya-, decidió 75 años después de su muerte en 1936, que no puede seguir enterrado donde se estableció en su momento", critica Linares.

"No sabemos lo que va a pasar finalmente, pero salvo que la familia quiera hacer algo con los restos, irán a los columbarios", afirma por su parte el presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. No obstante, desde esta asociación siempre han pedido que Primo de Rivera también salga del recinto.

Su conversión en cementerio civil

El futuro del Valle es incierto y sumamente complejo. El Gobierno apuesta por convertirlo en un cementerio civil, una idea que no ha sido bien recibida por ninguna de las partes. La división interna de la basílica para separar el espacio donde se ofician las misas del lugar donde están enterrados los cuerpos, permitiría así desacralizar una parte. Sin embargo, "los monjes benedictinos, que custodian el monumento, no sólo seguirían teniendo ese espacio enorme de la basílica, sino que además continuarían con el negocio de la hospedería", que regentan desde el año 58, cuando firmaron un convenio con el Estado franquista que aún prevalece, critica Silva, quien solicita la salida de los monjes de este monumento.

"El Estado tiene mucha documentación sobre la construcción del Valle de los Caídos y debe ser pública", advierte Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

La Asociación por la Defensa del Valle de los Caídos muestra con contundencia su rechazo a convertirlo en un cementerio civil. "Fue concebido como un lugar de verdadera paz, reconciliación y concordia, con lo cual entendemos que debería ser eso. Para lograrlo, no tiene que cambiar el Valle de los Caídos, tenemos que cambiar los españoles. Nosotros no queremos que haya ni 'veintes de noviembres' ni 'catorces de abriles'", advierte Linares. El presidente de esta asociación califica de "extraordinariamente triste que tengan que ser los visitantes extranjeros quienes le dan el valor a este monumento, porque vienen con una mente exenta de prejuicios de un lado y del otro".

Las exaltaciones a Franco son habituales en el Valle de los Caídos.Reuters

Por ello, asegura Linares, tiene que invertirse dinero en su preservación. En la actualidad, cuesta nueve euros la entrada y no puede visitarse el conjunto al completo por problemas de seguridad. "Con un conveniente mantenimiento -asegura- generaría en taquilla lo suficiente". Según las cifras que manejan desde esta asociación, "en agosto del año pasado, gracias a toda esta polémica, se alcanzó la cifra de visitantes de todo 2017. Y aunque ha habido un significativo incremento de visitas, se encuentra muy lejos del número de visitantes que debería tener. A primeros de los 90, rozó el millón y ahora estamos aproximadamente en unos 400.000", pero tiene "un gran potencial turístico", certifican.

Transparencia para "una zona de sombra"

En cuanto a la idea inicial del Gobierno, que planteó crear un museo de la memoria, ambas asociaciones expresan su deseo de recordar a las nuevas generaciones que en España hubo una Guerra Civil que dio paso a una dictadura y que nada de lo ocurrido debe volver a repetirse. Mientras que coinciden en la necesidad de realizar visitas guiadas en el Valle de los Caídos que ayuden a entender su historia, discrepan en cuanto al contenido de las mismas, puesto que sus versiones acerca de cómo se construyó son bien distintas.

Franco durante una visita a las obras del Valle de los Caídos en 1940.Arhivo Prensa Ibérica

En todo caso, los miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica solicitan "transparencia", porque el Valle de los Caídos es ahora mismo "una zona de sombra", denuncian. A día de hoy, indican, "no se ha hecho pública la lista de quiénes están allí dentro y hay mucha gente que no tiene ni idea de que tiene un ser querido dentro del Valle". De hecho, a esta asociación llegan muchos correos preguntando por la localización de personas con nombres y apellidos concretos. "El Estado tiene mucha documentación escondida o destruida de cómo se hizo toda la operación, de la selección de las fosas que fueron abiertas para trasladar los cuerpos y muchísimo material gráfico con el que nosotros no hemos podido dar después de años pidiéndolo a Patrimonio. Toda esta información es propiedad de la ciudadanía y debe ser pública y visible para quien tenga necesidad de consultarla", advierte Silva.

En este sentido, el presidente de esta asociación exige un estudio científico realizado por médicos forenses y antropólogos para conocer en qué estado se encuentran los restos y si pueden ser identificados para que quienes quieran y puedan hacerlo, les saquen de allí, porque "independientemente de la ideología y de dónde estuviera peleando cada una de las 33.000 personas que están allí enterradas, tienen ese derecho", defiende.

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