La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella por desobediencia contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al que acusa de desoír la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos y pancartas de apoyo a los políticos presos de los edificios de la Generalitat.

La querella, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acusa a Torra de "desatender" el mandato de la Junta Electoral cuando, "consciente y deliberadamente", decidió mantener simbología "partidista" en edificios públicos dependientes de la Generalitat, "aunque fuera de forma encubierta".

La Fiscalía añade en su querella, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que el presidente catalán desoyó "consciente y deliberadamente" el requerimiento "claro y expreso" emitido por la Junta Electoral.

Según el ministerio público, el presidente catalán, "aunque fuera de manera encubierta o simbólica", mantuvo los "elementos objeto del requerimiento" en edificios de la Generalitat, a través de "carteles, imágenes, figuras, fotografías y simbología en general de la misma naturaleza ideológica y partidista, representativa únicamente de los postulados de una parte de la sociedad".

Una vez recibida la querella, el TSJC ha designado ponente de la misma al magistrado Carlos Ramos -a quien le ha correspondido por reparto-, para que la estudie antes de que la sala de admisiones resuelva si la investiga.

Tras recibir el ultimátum de la Junta, el pasado 18 de marzo, Torra anunció que seguiría las recomendaciones del Síndic de Greuges sobre el asunto y, el pasado jueves, sustituyó la pancarta a favor de los políticos presos del Palau de la Generalitat por otra con el mismo mensaje, pero con un lazo blanco con una franja roja, en vez de amarilla.

Ello motivó una nueva resolución de la Junta Electoral, que acordó llevar el caso a la Fiscalía, ordenar a los Mossos retirar los símbolos de apoyo a los políticos presos y abrir un expediente sancionador al presidente catalán.

La querella presentada este miércoles, que firma el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, recuerda que fue una denuncia de Ciudadanos del 11 de marzo pasado la que motivó que la Junta Electoral dictara un acuerdo que daba a Torra un plazo de 48 horas para retirar las 'esteladas' o lazos amarillos.

Aunque en la resolución se advertía "expresamente" de que el acuerdo era firme, Torra presentó un escrito ante la Junta para que reconsiderase su acuerdo, lo que ésta desestimó dictando una nueva resolución que, con fecha 18 de marzo, le reiteraba su obligación de mantener la "imparcialidad" de los centros públicos, sostiene la Fiscalía.

No obstante, según la querella, Torra optó por mantener los símbolos, sin que su "reiterada negativa a dar cumplimiento" a lo resuelto por la Junta pueda quedar "enmascarada" por una "supuesta voluntad de acudir a otros órganos informantes, que carecen de cualquier competencia para terciar en la cuestión", en referencia velada al informe del Síndic de Greuges.

Tampoco se puede "enmascarar" esa negativa, abunda el fiscal, "por una sustitución de los símbolos hasta entonces ubicados en los edificios públicos por otros que, bajo otra forma expresiva, pretendían significar exactamente lo mismo, simbología partidista que, además, incluía multitud de carteles con expresiones escritas".

"Los acuerdos de la Junta Electoral se refieren con claridad a todo tipo de simbología ideológica y/o partidista, aun y cuando se focalicen inicialmente en lazos amarillos o banderas 'esteladas'", insiste el fiscal, que cree que "cualquier símbolo del tenor de los referidos" es una vulneración de las resoluciones legales.

Según el fiscal, "lo contrario llevaría a una sucesión infinita de recursos y requerimientos", tras lo que recuerda que la propia JEC constató en su resolución del 21 de marzo pasado el "flagrante incumplimiento" de sus órdenes.

El escrito señala que, ante la negativa de Torra, la Junta Electoral Central se vio obligada a "comisionar al conseller de Interior para que dictase instrucciones" a los Mossos d'Esquadra de que retirasen "todo tipo de simbología de naturaleza partidista de todas las entidades vinculadas o dependientes de la administración autonómica", antes de las 15 horas del viernes pasado.

De hecho, además de pedir que se tome declaración a Torra como investigado, la querella insta a que se requiera al comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, a informar sobre el "debido cumplimiento" de lo ordenado por la Junta Electoral.

Entre otras diligencias, la Fiscalía solicita a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña las actas de comprobación que redactaron sobre el cumplimiento de la orden, en las que se basaron los informes de la Delegación del Gobierno.

También pide una copia del informe que en su día elaboraron los servicios jurídicos del Departamento de Presidencia, "relativo al mantenimiento de simbología en las sedes de la administración autonómica en período electoral".