El PSOE ha pedido al juez del caso Lezo que llame a declarar como investigada a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y a otros cuatro miembros del consejo de Gobierno que votaron a favor de la construcción de un campo de golf en instalaciones del Canal de Isabel II, el 18 de enero de 2007.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, la acusación que ejerce el PSOE en esta causa explica que aprovecha que la Fiscalía "ha reactivado" la pieza separada en la que se investiga la construcción de una cancha de prácticas de Golf para pedir nuevas diligencias de investigación que consideran indispensables para aclarar en qué términos se llegó a ese acuerdo.

La principal, llamar a declarar como imputados a Aguirre y a otros cuatro miembros de ese consejo de Gobierno que votaron a favor de dicho acuerdo: Salvador Victoria -ya imputado en Púnica-, Mariano Zabía, María Jesús Villamedina y Domingo Menéndez, y a aquellos que se puedan identificar a través del acta de la reunión.

Para ello, además de solicitar al juez estas comparecencias, "previo informe del Ministerio Fiscal", el PSOE pide que se requiera a la Comunidad de Madrid "el acta del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2007 con plena identificación de los consejeros presentes y del resultado de la votación".

Explica al respecto que "esta parte solo ha conseguido localizar el acuerdo del Consejo de Gobierno" firmado por Aguirre, Victoria y Zabia, "pero no el acta del consejo con asistentes y resultado de las votaciones".

Lo que sí ha podido adjuntar del PSOE es el acta de la intervención de Aguirre ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, el 23 de marzo de 2018.

En esa ocasión Aguirre expuso: "Yo soy la que tuve la idea de poner en el centro de Madrid, en una zona de 12 hectáreas, que era la cubierta del tercer depósito, un lugar de disfrute de los ciudadanos de Madrid y no solamente de parque si no de instalaciones deportivas y, en especial, de una cancha de prácticas de golf. O sea, mátenme, pero la idea fue mía".

En esa intervención, según recoge el escrito, la expresidenta madrileña -que admitió haberle propuesto esta idea a su sucesor Ignacio González cuando era presidente del Canal de Isabel II (2003-2012)- demostró "tener un claro conocimiento de la tramitación" y no "solo del procedimiento de reconoce como propio, sino de las vicisitudes del mismo".

Para obtener más datos sobre esos pormenores, esta acusación también ha pedido al juez citar como testigos a los responsables de dos informes elaborados sobre este proyecto.

Reclama así el testimonio de José María López Castillo, secretario de la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid que emitió el informe de 1 de diciembre de 2006.

También el de Ángel Sanz D'Asteck, Subdirector General para la Gestión Privada del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid que emitió el informe de 27 de diciembre de 2006.

El escrito menciona también a María Luisa Carrillo como otra de las consejeras madrileñas que votó a favor del acuerdo, pero declina pedir su comparecencia porque su declaración "es la única que nos consta realizada" sobre estos hechos.

El "tiempo transcurrido" desde que estalló el caso Lezo en abril de 2017 y, "pese a haberse realizado alguna diligencia de investigación" en esta pieza, "la situación no ha variado mucho, dada la intensa dedicación a otras piezas separadas y a la complejidad de la causa", motivo por el que el PSOE reclama ahora estas diligencias.