Varias defensas han admitido que los acusados cometieron un delito de desobediencia, sin penas de prisión, pero han negado categóricamente que hubiera malversación, sedición ni esa versión "posmoderna" de la rebelión que la Fiscalía "innova" sin ejército ni armas ni alzamiento violento tumultuario.

Una semana después de escuchar a las acusaciones, el tribunal del "procés" ha dado paso a los informes orales de los letrados de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Carles Mundo que han abordado desde puntos de vista divergentes la "absurda" acusación de rebelión de la Fiscalía que a partir de "tres casos de violencia" construye el "apocalipsis".

Los cuatro meses de juicio han servido a las defensas para reconocer que en otoño de 2017 sí que se delinquió en Cataluña. Hubo desordenes públicos, resistencia a la autoridad y una "desobediencia de manual" que todos admiten salvo el letrado de Mundo, ya que las resoluciones del Constitucional nada tienen que ver con su cliente porque nunca ostentó la condición de diputado del Parlament.

El problema, según el letrado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, es que "se está confundiendo la desobediencia con la rebelión" porque "rotundamente" no se dieron la condiciones que exigen el tipo de la rebelión. Ni hubo violencia ni se proclamó la independencia.

Porque la rebelión exige violencia "explícita" y "no la violencia normativa o potencial" que caracteriza a la interpretación "posmoderna" que hace la Fiscalía para innovar una rebelión sin armas y sin entrar en combate. "Solo ruido y exageración", ha resumido Van den Eynde, el único que ha hablado de "causa general".

Aunque quien mejor lo ha resumido ha sido Jordi Pina, letrado de Turull, Rull y Sànchez: "¿La violencia para alcanzar la separación de un territorio de un país son escupitajos, lanzamientos de vallas, tres piedras o un discapacitado que lanza patadas en el suelo? ¿Eso es la violencia necesaria para doblegar al Estado cuando los tipos penales hablan de armas, tropas, fuerza armada y fuego?".

Todos han rebatido a la Fiscalía cuando calificó de "golpe del Estado" lo sucedido en Cataluña porque un delito tan grave como la rebelión exige una respuesta del Estado a la altura y el Gobierno no impulsó un estado de excepción ni movilizó al Ejército ni reforzó las infraestructuras críticas.

De manera que, como ha dicho el letrado de Forn, Xavier Melero, "lo que no se puede hacer es trivializar el concepto de violencia" porque "es una falta de respeto a los muertos de todos los conflictos militares".

"Indignación, la que quieran. Violencia, cero", ha enfatizado Van den Eynde, para quien lo que construyen las acusaciones no es más que una "falacia", basada en "coger dos imágenes y montar una categoría" poniendo como ejemplo los vehículos de la Guardia Civil el 20-S: "Tenemos dos coches rotos y ellos hablan del apocalipsis".

A su juicio, salvo "tres casos de violencia" impulsada por "grupúsculos" lo que sucedió fue que "la gente salió un día a protestar y otro a votar", sin intención de "derrocar" al Estado.

Con vehemencia, Pina ha afeado a los fiscales que no hayan precisado en qué momento se pone en marcha el delito de rebelión que requiere como condición sine qua non un alzamiento público violento de la ciudadanía y sin ello "no tenemos nada más", solo "protestas".

Para desactivar la rebelión no solo han desmontado la violencia sino que han rebajado el tono de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre. Melero ha sido el más categórico.

"Digan lo que quieran" los políticos, ha dicho el letrado de Forn, "el Govern no hizo ninguna declaración de independencia" formal porque "no tenía capacidad para imponer por la fuerza ningún marco normativo" y el ejemplo más evidente es que "el 155 fue acatado de inmediato, funcionó perfectamente".

Los letrados también han tratado de desarmar la acusación de malversación, aunque han sido Pina y Josep Riba, letrado de Mundó, a quienes ha correspondido combatir las tesis de las acusaciones

Pina ha reprochado a la Fiscalía que dijese "injustamente" que los acusados hicieron de la Generalitat su "cortijo" cuando, a su juicio, la malversación no tiene cabida al no haberse probado que haya facturas, encargos o compromiso de gasto; mientras que Riba ha dicho que lo único que se le puede imputar a Mundó es haber dado la orden de no gastar "ni un céntimo de euro" para el referéndum.

En consonancia con Pina, aunque dedicándole mucho menos tiempo a este delito,Van den Eynde también ha negado que los gastos imputados a sus clientes fuesen a parar al 1-O, y Melero ha recordado que los gastos del departamento de Forn fueron aprobados por el Gobierno.

Como cierre de sus alegatos, Van den Eynde ha resaltado la oportunidad del tribunal de "devolver la pelota a la política"; Melero se ha remitido a la película "Amanece que no es poco" para confiar en que sea posible reconstruir una España "en la que solamente nos discutamos por William Faulkner"; y Pina, tras pedir la libertad de sus clientes , les ha dicho: "Sea cual sea la sentencia podéis estar tranquilos, sois gente de paz".