El juez del caso Gürtel ha abierto juicio a 21 personas, entre ellas el líder de la trama, Francisco Correa, y el expresidente de Martinsa Fernando Martín, en la pieza que trata sobre contratos irregulares del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), y ha impuesto fianzas de casi 80 millones de euros.
En un auto, el magistrado abre juicio contra Martín, Correa, el número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, y otras autoridades y funcionarios públicos de este municipio madrileño por actividades desplegadas por los investigados entre 1998 y 2009, cuando estalló la operación Gürtel.
El juez califica de "actividad depredatoria" la desplegada por los investigados de cara a enriquecerse con la manipulación de contratos públicos y con cargo a los fondos de las entidades municipales de la localidad madrileña.
En el banquillo se sentarán el exdiputado madrileño del PP y exconsejero de la Sociedad Fomento de Arganda, Benjamín Martín Vasco, y el expropietario de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo (que confesó los delitos en el juicio de la pieza principal de Gürtel).
Y otros miembros de la trama Gürtel como José Luis Izquierdo, Isabel Jordán o Pablo Collado; los funcionarios y autoridades públicas César Martín Tomás Morales, Isaac García Requena, Luis Bremond, José Ramón Gutiérrez Villar, María Josefa Aguado y Álvaro García del Río; el empresario José Luis Martínez Parra, y Joaquín Martín Vasco, hermano de Benjamín.
Además, el juez abre juicio como responsables civiles subsidiarias a varias sociedades: las constructoras Martinsa, Constructora Hispánica y Teconsa, y las mercantiles del grupo de Correa Special Events, Easy Concept, Good & Better, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral.
Les atribuye los delitos de prevaricación, fraude, cohecho, falsedad (todos ellos continuados), contra la hacienda pública, insolvencia punible y malversación.
Relata en el auto que el exalcalde López, junto con Benjamín Martín Vasco y Juan Fernández Caballero, contaba con una privilegiada posición en la entidades públicas de Arganda y amplias competencias en el área de contratación pública, lo que permitía a la organización asegurar que los contratos "se adjudicaran conforme a los designios de la banda".
Los funcionarios investigados, por otro lado, colaboraron con los políticos en los procesos de contratación emitiendo informes técnicos amañados, validando procedimientos y autorizando facturas y pagos.
Los miembros de Gürtel, con Correa a la cabeza corrompieron a los funcionarios y políticos "con sus promesas y dádivas hasta comprometerlos como miembros de la comunidad criminal, alcanzando un acuerdo evidente con ellos, de carácter permanente y sistemático, para conseguir la adjudicación de los contratos de acuerdo a sus intereses".
Por su parte, empresarios como García Pozuelo y Martín presentaron sus ofertas amañadas sabiendo que les serían adjudicadas, con precios desorbitados, plazos de incumplimiento imposibles o con conocimiento previo de las condiciones de los pliegos.
"Y para ello -añade el juez- prometieron y abonaron con las distintas metodologías indicadas, las comisiones millonarias que habían comprometido con Correa y su grupo, que estos se repartieron ellos mismos y las indicadas autoridades".
En el caso del exalcalde, llegó a recibir algo más de medio millón de la trama en comisiones, y Martín Vasco alrededor de 350.000 euros.
También se atribuye a los investigados una comisión de 25 millones que convinieron Correa, Crespo y Ramón Blanco Balín -considerado el blanqueador de la Gürtel- con López y Martín Vasco por la adjudicación de unas parcelas del consistorio.
Esta comisión por la adjudicación irregular a Martinsa la habrían pagado Fernando Martín y los empresarios también procesados Manuel Salinas y Amando Mayo.
El dinero se abonó en dos pagos de 12 y 12,8 millones hechos en 2004 y 2006 en cuentas que Correa tenía en Mónaco y en Suiza, y en un tercer pago de 130.000 euros transferido directamente a Blanco Balín en una cuenta abierta en Suiza a nombre de una sociedad panameña.
Según el juez, la comisión se distribuyó entre algunas personas que habían actuado de intermediarios a favor de Martinsa, entre ellas al menos Correa, Blanco Balín, López y Martín Vasco.
Esta pieza de Gürtel está ahora pendiente de fecha de juicio, lo mismo que la de la caja b del PP, sobre el presunto pago en negro de la reforma de la sede de la calle Génova, la de los negocios de la trama en Boadilla del Monte (Madrid) y una sobre la sociedad de Gürtel Orange Market.
Ya se han juzgado la de la primera época de Gürtel, que acabó con la condena del PP; la de la rama valenciana de la trama; la de las contrataciones de Fitur en Valencia y la de las presuntas adjudicaciones irregulares de Aena a la trama de Correa.
Actualmente se está juzgando otra pieza sobre contratos del Ayuntamiento de Jerez con Gürtel y en marzo de 2020 empezará el juicio por la pieza de la visita del Papa a Valencia.
