La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) recomienda a España regular de manera "más estricta" la propaganda electoral difundida a través de redes sociales, tras constatar que las medidas adoptadas para atajar los bulos y malas prácticas en la campaña del 28A no fueron suficientes.
Se trata de una consideración incluida en el informe final que el Equipo de Expertos Electorales (EEE) de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE elaboró sobre la campaña de las elecciones generales del 28 de abril y el papel desempeñado por los medios ante aquellos comicios.
El informe muestra especial preocupación por el alcance que entonces tuvo el empleo de las redes sociales y la difusión de bulos, y apunta que las medidas adoptadas para controlar estas prácticas, promovidas incluso desde las propias redes sociales, "no fueron suficientes para afrontar los retos planteados por el uso de los métodos de propaganda electrónicos".
"Debería considerarse una regulación más estricta de la propaganda electoral digital o electrónica a fin de asegurar que se apliquen las mismas reglas de juego a todas las candidaturas y que los votantes puedan tomar una decisión informada", agrega.
Y si el viernes pasado, Twitter y Facebook revelaron la eliminación de 359 cuentas atribuidas al PP y activas entre febrero y marzo de 2019 por potenciar artificialmente la opinión pública de cara a las elecciones, el documento afirma que horas antes del debate "a cuatro" del 22 de abril Twitter eliminó 130 cuentas falsas tras comprobar "su actividad sospechosa" en favor de un candidato.
Además, constata que poco antes de la jornada electoral Facebook eliminó páginas de tres redes de extrema derecha con contenidos que incitaban a la "división política" y apunta que Whatsapp suspendió igualmente cuentas de varios partidos por usar esta aplicación para el envío automático de mensajes masivos.
De las 55 reclamaciones referidas a medios de comunicación que llegaron a la Junta Electoral Central (JEC), 18 estaban relacionadas con la publicación de mensajes electorales en redes sociales, y la mitad fueron estimadas.
El capítulo dedicado a la cobertura mediática del 28A incide en la "gran preocupación" que existió entonces por la difusión de información falsa y recuerda que varias cabeceras pusieron en marcha equipos dedicados a la verificación, pese a lo cual los medios trasladaron a los redactores del informe las insuficiencias en el control de la circulación de bulos.
Por ello, la OSCE señala que para "mejorar la capacidad de los votantes para tomar decisiones informadas" las autoridades españolas podrían evaluar, de acuerdo con la sociedad civil, medios e instituciones académicas, el impulso de mecanismos "destinados a aumentar la alfabetización digital entre los votantes".
Por otro lado, el documento del equipo de expertos aconseja a España revisar la cobertura mediática de las elecciones para que los partidos extraparlamentarios puedan participar también en los debates televisivos de los que actualmente están excluidos.
En la campaña previa al 28A, la JEC impidió a Vox, fuerza aún sin escaños en el Congreso, participar en estos debates, pero los autores del documento creen que "debería considerarse" la revisión del criterio que excluye a las fuerzas extraparlamentarias.
La OSCE se muestra además partidaria de suprimir las restricciones legales que obligan a los medios públicos, como RTVE, a hacer una cobertura sustentada únicamente en función de los anteriores resultados electorales, y pide revisar la legislación.
Su propósito sería permitir que los medios de comunicación públicos puedan utilizar el "criterio periodístico" para cubrir las campañas en vez de una distribución de los tiempos dedicados a cada partido "basada en fórmulas".
Eso sí, "siempre a condición de que se trate a todas las candidaturas en pie de igualdad y se les brinde verdaderamente la oportunidad de presentar sus respectivas plataformas".
Apuntan también que la dirección de RTVE debería designarse "lo antes posible" con arreglo al nuevo procedimiento de elección de su presidente para "proteger" la corporación pública "de la injerencia política" y "garantizar la profesionalidad y la independencia de su línea editorial".
Por otro lado, los expertos de la OSCE plantean obligar a los medios privados a difundir los datos sobre sus propietarios e incluso regular la composición de su propiedad para "salvaguardar el pluralismo mediático" y echan en falta un "organismo independiente de supervisión" de la cobertura mediática en campaña.
Al no existir un "regulador nacional", constata, es la JEC quien se encarga de ello pero sin realizar un "seguimiento" porque se limita a resolver reclamaciones.
En otros ámbitos, el documento elogia que España asumiera una sugerencia de la OSCE para permitir el voto a las personas discapacitadas, y al mismo tiempo reclama subsanar las anomalías que persisten en el voto por correo.
Además, analiza la manera en que se permitió participar en campaña a los cinco candidatos independentistas encarcelados por orden del Tribunal Supremo juzgados en la causa del "procés" catalán.
El equipo reconoce el "esfuerzo" de la JEC y el Ministerio del Interior para asegurar que "dispusieran de oportunidades de hacer campaña en esas circunstancias específicas".
La OIIDH, con sede en Varsovia, es la principal agencia europea en al ámbito de la observación electoral, ya ha evaluado cuatro elecciones en España desde 2004 y para analizar la campaña del 28A desplazó a un equipo de tres expertos procedentes de otros tres Estados de la OSCE.
