La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión provisional para siete miembros de los CDR detenidos el lunes tras su comparecencia hoy ante el juez, celebrada después de que dos admitieran ante la Guardia Civil haber comprado y hecho pruebas para la fabricación de artefactos para "meter ruido" el 1-O.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha pedido al juez instructor, Manuel García Castellón, que envíe a prisión a los siete detenidos en la operación Judas por delitos de terrorismo, tenencia de explosivos y estragos, según han indicado fuentes de la Defensa.
Tras conocer la petición del fiscal, el juez ha celebrado las respectivas vistillas para la adopción de medidas cautelares, y tras escuchar a las partes -Fiscalía y defensas- en las próximas horas adoptará una decisión.
Dos de los detenidos, que han comparecido con abogados de oficio, admitieron ante la Guardia Civil, antes de pasar ante el juez, su participación en la adquisición de varias sustancias para elaborar mezclas con las que fabricar explosivos caseros, tras serles mostrados vídeos y documentos gráficos en los que aparecen algunos de los arrestados.
Los otros cinco, representados por letrados de Alerta Solidaria, se han limitado a contestar a preguntas de sus respectivos abogados para negar haber participado en actividades terroristas como les acusa la Fiscalía.
Eva Pous, abogada y portavoz de estos cinco detenidos, ha lamentado en declaraciones a los periodistas, tras finalizar las comparecencias, que se les haya "negado" ver el expediente donde figuran "los indicios básicos" que hay contra ellos y con ello el "derecho básico de defensa".
Con sus interrogatorios, ha añadido, han intentado "acreditar" que sus representados son "personas normales y corrientes" y con ello desvincularse de los delitos que el fiscal les atribuye.
Fuentes de Alerta Solidaria han indicado a Efe que creen sospechosa la forma en que se asignó abogado de oficio a los otros dos presuntos miembros de los CDR que confesaron ante la Guardia Civil y apuntan a que podrían haber sufrido presiones.
Las declaraciones se han prolongado aproximadamente de las 11.00 a las 14.30 horas tras haber sido trasladados los siete detenidos a primera hora de la mañana a la Audiencia Nacional desde las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) en las que han permanecido arrestados desde el pasado lunes.
Junto a estos siete fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR), si bien la Guardia Civil les dejó en libertad a última hora del lunes con la obligación de comparecer ante el juez cuando se les cite.
Dos de los detenidos presentaron un habeas corpus -figura que permite la puesta a disposición inmediata ante el juez para hacer alegaciones si se considera que el arresto no se ha ajustado a la ley-.
Tras comparecer anoche ante el magistrado, regresaron después a dependencias de la Guardia Civil y hoy han vuelto a ser conducidos a la Audiencia Nacional.
A raíz de las detenciones, la Fiscalía explicó en un comunicado que se les imputaban delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos y que les acusa de ultimar acciones terroristas.
Si bien, finalmente el delito de rebelión ha decaído en la petición del fiscal y ha mantenido el de terrorismo y tenencia de explosivos, a los que se ha unido el de estragos.
En los diez registros practicados en esta operación, la Guardia Civil encontró que habían realizado consultas en Google, y disponían de información y planos sobre edificios públicos, incluida una casa cuartel de la Guardia Civil.
La operación, que se encuentra bajo secreto, es fruto de una investigación de más de un año durante el que se han practicado numerosas intervenciones telefónicas.
