El Tribunal Supremo ha condenado por sedición, y no por rebelión, a nueve exdirigentes catalanes porque cree que los hechos ocurridos en Catalunya en el otoño de 2017 fueron insuficientes para "imponer de hecho la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución en el territorio catalán". Penas de hasta 13 años para los líderes del 'procés'.
En concreto, la Sala de lo Penal impone la condena más alta a Junqueras por sedición en concurso medial con malversación, agravado por su cuantía.
Ésta es la lista de todas las condenas del juicio del 'procés'.
Cargo: 'Exvicepresident' del Govern y 'exconseller' de Economía y Hacienda.
Condena: 13 años de cárcel y 13 años de inhabilitación absoluta por delitos de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.
Argumentos: Junqueras tuvo un "destacado papel en el proceso que condujo a la inobservancia de las leyes y al contumaz desprecio a las resoluciones del Tribunal Constitucional y del TSJC". En su declaración ante el tribunal, se reseña en la sentencia, admitió la realidad de los hechos, aunque reinvindicó la legitimidad de su actuación y la ausencia de cualquier responsabilidad criminal. Su papel destacado lo deduce el tribunal no sólo de su cargo, sino también de la declaración de otros procesados y testigos en el juicio. En la sentencia se le vincula con los actos multitudinarios que tuvieron lugar el 12-S ante la Conselleria de Economía y el 1-O y se recuerda que promovió y participó activamente en la aprobación de la ley del referéndum y en las denominadas leyes de desconexión. "La pertinaz desatención por el acusado Sr. Junqueras a todos los requerimientos (judiciales) que le fueron dirigidos, despeja cualquier duda acerca de su control del proceso de creación legislativa y reglamentaria que hizo posible la celebración del referéndum declarado ilegal", se subraya.
Petición fiscal: 25 años de prisión y los mismos de inhabilitación por rebelión agravada en su condición de líder y malversación de fondos públicos.
Petición de la Abogacía del Estado: 12 años de cárcel por sedición y malversación.
Petición de la acusación popular: ejercida por VOX, pidió 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
Cargo: 'Exconseller' de Presidencia y portavoz del Govern.
Condena: 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.
Argumentos: "Intervino activamente en la concertada actuación sediciosa" ya que participó en distintas reuniones "definitorias" de la estrategia a seguir ya desde su papel como parlamentario y Presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, pues "intervino activamente en la creación y puesta en marcha del Pacte Nacional pel Referendum y en la aprobación de la Resolución 306/XI, en la que se instaba al Govern a la convocatoria deun referéndum". No obstante, se le condena además porque fue quien junto a Junqueras y Romeva presentó las urnas que iban a utilizarse el 1 de octubre, cuando además anunció en rueda de prensa un sistema de censo universal creado a partir de registremeses.com que según dijo, haría posible el voto de los ciudadanos en cualquier colegio electoral. "El acusado sabía que la desatención a los requerimientos del Tribunal Constitucional ya había sido considerada por esta Sala como un delito de desobediencia. Y tenía que prever tambiénque si la acción imputada no se limitaba a una conducta omisiva de rechazo al mandato, sino que incluía la creación de una legalidad paralela para promover la inobservancia de las leyes y, además, la celebración de un referéndum prohibido que se pretende hacer realidad mediante una tumultuaria movilización ciudadana para rechazar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, el título de imputación se agravaba", sentencia la Sala.
Petición fiscal: 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.
Petición de la Abogacía del Estado: 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación.
Petición de la acusación popular: 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
- RAÜL ROMEVA
Cargo: 'Exconseller' de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia.
Condena: 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.
Argumentos: Su papel se incardina de cara al exterior, como responsable de "asumir la estrategia" del Govern para legitimar internacionalmente el referéndum y desde esta posición, "intentó convencer de la viabilidad de la construcción de una República catalana, relativizó las dificultades logísticas para la celebración de la consulta popular y llegó a acusar a las instituciones europeas de que perderían credibilidad si no apoyaban el referéndum". A juicio de los magistrados, Romeva "era conocedor de que estaba promoviendo la creación de una legalidad paralela y que, mediante la movilización ciudadana y el apoyo internacional, se podría neutralizar la capacidad de las autoridades gubernativas y judiciales para ejercer las funciones constitucionales que lesson propias". "Pese a todo, el día 28 de septiembre de 2017 llegó a afirmar públicamente que 'si ganaba el referéndum se declararía la independencia en 48 horas desde que se hiciese oficialel recuento'", añaden.
Petición fiscal: 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.
Petición de la Abogacía del Estado: 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación.
Petición de la acusación popular: 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
- DOLORS BASSA
Cargo: 'Exconsellera' de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.
Condena: 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.
Argumento: Adoptó las decisiones necesarias para procurar la celebración del referéndum, pues "cedió el uso de centros cívicos como locales para la votación el 1 de octubre, y para la jornada de Escoles Obertes que se celebró durante ese fin de semana", una iniciativa ciudadana cuyo fin era, tal y como expone la sentencia, "evitar o, cuanto menos, dificultar notablemente el cumplimiento de las órdenes del Tribunal Superior de Justicia sobre el cierre de los centros de votación el día 1 de octubre". En este sentido, destaca su "intervención decisiva" para garantizar la disponibilidad de esos locales porque "para evitar riesgos y que iniciativas individuales pudieran interferir en el plan trazado, el día 28 de septiembre y hasta las 07.00h del día 2 de octubre, avocó para sí la competencia de todos los directores responsables de los centros afectados". "Y lo hizo justo al día siguiente de que la Magistrada instructora del TSJC dictara el auto que ordenó el cierre de los colegios electorales el 1 de octubre", recalca.
Petición fiscal: 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.
Petición de la Abogacía del Estado: 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación.
Petición de la acusación popular: 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
- CARME FORCADELL
Cargo: 'Expresidenta' del Parlament.
Condena: 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta por delito de sedición.
Petición fiscal: 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos.
Petición de la Abogacía del Estado: 10 años de cárcel por sedición.
Petición de la acusación popular: 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.
- JOAQUIM FORN
Cargo: 'Exconseller' de Interior.
Condena: 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.
Argumentos: "En todo momento ordenó su comportamiento, tanto como miembro del Govern como cabeza de la Consejería de la que dependían los Mossos d'Esquadra, a reconducir la interpretación de los mandatos del Tribunal Constitucional, del titular del juzgado número 13 de Barcelona, del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia y de la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal de ese mismo tribunal, a un sentido y alcance que permitiera disimular su aparente cumplimiento con el decidido propósito de hacer inefectivas tales legítimas órdenes jurisdiccionales y del fiscal superior". "La presencia de los Mossos no solamente careció de actividad alguna dirigida al desalojo de los centros", dice el Supremo en su sentencia al referirse al 1-O, "sino que fue ocasión para que informaran de la estrategia policial que se seguiría al respecto". El alto tribunal concede un destacado papel.
Petición fiscal: 16 años de prisión y los mismos inhabilitado por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.
Petición de la Abogacía del Estado: 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación.
Petición de la acusación popular: 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
Cargo: 'Exconseller' de Territorio y Sostenibilidad.
Condena: 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.
Argumentos: El Supremo concluye que siendo "plenamente consciente de la inobservancia de la legalidad" que implicaba seguir adelante con el plan, puso "las bases que propiciaron las condiciones de la movilización ciudadana". "Impidió así el normal funcionamiento del Estado que actúa en defensa de la legalidad, participó en la convocatoria de un referéndum ilegal y participó también en su realización", dice la sentencia. A juicio de los siete magistrados, la actividad de Rull "no se limita a una idea, o a su expresión, sino a la ejecución de actos que supusieron la creación de unas condiciones que sitúan al proceso en la ilegalidad, poniendo las condiciones que estimó precisas para impedir el funcionamiento de los servicios públicos y la actuación de Estado de acuerdo a la legalidad". En este sentido, la Sala pone el acento en dos hechos: Que Rull intervino para impedir que amarrase en el puerto de Palamós el barco donde iban a alojarse parte de los efectivos policiales que el Estado envió a Cataluña para garantizar el cumplimiento de la ley y que puso locales gerenciados por su departamento al servicio de la celebración del referéndum, a sabiendas de que estaba prohibido. Le ha condenado a 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta.
Petición fiscal: 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.
Petición de la Abogacía del Estado: 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación.
Petición de la acusación popular: 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
- JORDI SÀNCHEZ
Cargo: 'Expresident' de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
Condena: 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.
Argumentos: El tribunal considera que su actuación "fue absolutamente necesaria para la ejecución de los planes sediciosos" y "no se limitó al liderazgo" de las movilizaciones multitudinarias. Pese a que no era diputado ni formaba parte del Govern, "su concertación con el resto de los acusados es una evidencia" y el apoyo activo de la entidad que presidía a los planes del Govern, al menos desde mayo de 2015 en que empezó a presidir la ANC, "ha quedado absolutamente acreditado". "Lo que motivó la actuación del señor Sànchez era demostrar a toda la sociedad, en pleno y acreditado concierto con los responsables gubernamentales, que los jueces y magistrados que ejercían su función constitucional en Cataluña habían perdido la capacidad para ejecutar sus resoluciones", sostiene el Supremo. El 20-S, la sala considera que Sànchez "asumió de forma voluntaria y con la aquiescencia" de Forn "la promoción y el liderazgo" de la protesta. En el caso del 1-O, resalta la sentencia que oponerse "de forma activa a la actuación de la policía, impidiendo ejecutar un mandato policial" es algo "muy diferente a limitarse a votar. Por ese hecho a nadie se le ha acusado, ni nadie ha sido presentado ante un juzgado, ni siquiera ha sido sancionado gubernativamente".
Petición fiscal: 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos.
Petición de la Abogacía del Estado: 8 años de cárcel por sedición.
Petición de la acusación popular: 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.
Cargo: 'President' de Òmnium Cultural.
Condena: 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.
Argumentos: El tribunal entiende que en su actuación se produjo un "progresivo in crescendo" que le llevó a "dar el salto desde las llamadas a la protesta, a las manifestaciones, a la movilización legítima -todo ello sin relevancia penal alguna- a empujar a la ciudadanía simpatizante con el movimiento secesionista a la resistencia activa y a la oposición por vías de hecho al cumplimiento de órdenes judiciales". Para la sala, las manifestaciones en el juicio de Cuixart -que, recuerda, proclamó "lo volveremos a hacer" en su última palabra- "sintonizan en su totalidad" con la descripción del delito de sedición: "en realidad bastaría con reflejar los hechos que él asume y la interpretación que él mismo les confiere para encajarlos en el artículo 544 del Código Penal", añade la sentencia. "Podemos dibujar la responsabilidad del señor Cuixart, que él no rehuye, ni disimula, ni esconde, llegando a verbalizar su decidida voluntad a seguir ajustando su conducta a esas pautas (...) en la multitudinaria oposición ejercida frente a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto estatales como autonómicas".
Petición fiscal: 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos.
Petición de la Abogacía del Estado: 8 años de cárcel por sedición.
Petición de la acusación popular: 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.
- MERITXELL BORRÀS
Cargo: 'Exconsellera' de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda.
Condena: En libertad. Condenada a 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial por un delito de desobediencia. Absuelta del delito de malversación.
Petición fiscal: 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia.
Petición de la Abogacía del Estado: 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación.
Petición de la acusación popular: 24 años de prisión y multa de 216.000 euros por un delito organización criminal y malversación.
- CARLES MUNDÓ
Cargo: 'Exconseller' de Justicia.
Condena: En libertad. Condenado a 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial por un delito de desobediencia. Absuelto de un delito de malversación.
Petición fiscal: 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia.
Petición de la Abogacía del Estado: 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación.
Petición de la acusación popular: 24 años de prisión y multa de 216.000 euros por un delito organización criminal y malversación.
- SANTIAGO VILA
Cargo: 'Exconseller' de Empresa y Conocimiento.
Condena: En libertad. Condenado a la penas de 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial por un delito de desobediencia. Absuelto del delito de malversación.
Petición fiscal: 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia.
Petición de la Abogacía del Estado: 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación.
Petición de la acusación popular: Multa por un delito de desobediencia.
