En el juicio por rebelión al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, él es el más conocido, pero no estará solo. Le acompañarán en el banquillo otros tres acusados: dos de sus inmediatos superiores políticos -el ex director de los Mossos, Pere Soler, y el que fuera segundo en Interior, César Puig-, y una subordinada, la intendente Teresa Laplana.
Ninguno ha estado en prisión preventiva por estos hechos, aunque pesan sobre ellos medidas cautelares como la prohibición de salir de España.
Serán juzgados desde este 20 de enero hasta el 19 de marzo en la Audiencia Nacional por un delito de rebelión -salvo Laplana que lo será por sedición- en relación a la actuación de los Mossos en el cerco independentista a la Consejería de Economía en Barcelona el 20 de septiembre de 2017 y en el referéndum ilegal del 1-O.
Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, entre septiembre y octubre de 2017 los acusados "constituyeron una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los Tribunales de Justicia con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista".
En ese plan, dice el escrito, cobró especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos d'Esquadra, "imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum, dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso, oponerse físicamente".
El mantenimiento del delito de rebelión por parte del Ministerio Público ha sido controvertido al haberlo ya descartado el Tribunal Supremo en la sentencia del procés, que estableció que los citados hechos debían enmarcarse en un delito de sedición y no de rebelión.
Con ese argumento, la defensa de Trapero, que ejerce la abogada Olga Tubau, planteó a la Audiencia Nacional que la causa se trasladase a los tribunales catalanes si finalmente la Fiscalía rebajaba su calificación a sedición.
La Fiscalía respondió que no tenía previsto "en este momento procesal" modificar su acusación y defendió que se mantuviera la causa en la Audiencia Nacional, que finalmente volvió a ratificar su competencia para juzgar a Trapero.
A continuación la relación de acusados junto a la pena que pide la Fiscalía y los hechos que le atribuye a cada uno:
Josep Lluís Trapero: 11 años de cárcel por rebelión
Nombrado mayor de los Mossos el 17 de abril de 2017, cargo del que cesó en octubre de ese año en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Fue procesado por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal por haber consentido la celebración del 1-O y no haber frenado el asedio a la Consejería de Economía, pero la Fiscalía optó por acusarle de uno solo de rebelión, en consonancia con lo solicitado en el Tribunal Supremo para los exmiembros del gobierno catalán.
Durante la instrucción, acudió a declarar en tres ocasiones, la primera de ellas vistiendo su uniforme policial.
Aunque su juicio en la Audiencia Nacional estaba pendiente, aceptó testificar en el del procés y desveló que se ofreció para detener a Puigdemont y a los consellers tras la declaración de independencia y que instó en dos ocasiones al Govern a cumplir la legalidad, porque la policía autonómica no rompería con la Constitución.
Según la Fiscalía, "con el conocimiento y aquiescencia de los otros dos acusados, como máximo responsable de los Mossos d'Esquadra, diseñó de forma deliberada unos mecanismos de actuación" para impedir que los agentes bajo su mando pudieran cumplir "con las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".
También se le acusa de una "utilización ilícita" de su cargo en beneficio de políticos independentistas como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
"Además, por su relación con los políticos independentistas, el responsable de los Mossos d'Esquadra empleaba su máxima autoridad para informar de las investigaciones policiales y judiciales que se estaban realizando.
César Puig: 11 años de cárcel por rebelión
Ex secretario de Interior de la Generalitat. Nombrado en julio de 2015. La Fiscalía le acusa de alertar de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitar información a los impulsores del procés.
Según el escrito de acusación, el 19 de septiembre de 2017 envió una serie de correos a una dirección utilizada por el ex secretario de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda catalán, Josep María Jové Lladó, en los que informaba de la actuación que la Guardia Civil estaba realizando en Tarrasa (Barcelona) en la empresa Unipost.
Pere Soler: 11 años de cárcel por rebelión
Exdirector de los Mossos d'Esquadra, nombrado el día 31 de julio de 2017. A raíz de su nombramiento realizó una serie de manifestaciones públicas como que "la Constitución no les obliga".
"Le correspondía ejercer el mando, dirección e inspección del cuerpo de Mossos bajo la dirección y supervisión del Secretario General y del Consejero del Departamento de Interior", indica la Fiscalía.
Se le acusa de dar "cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum", en concreto a Francesc Sutrias, detenido por su participación en la adquisición, presuntamente con dinero público, de material necesario para el referéndum, y a quien habría prometido medidas de contravigilancia.
Teresa Laplana 4 años de cárcel por sedición
Intendente de los Mossos d'Esquadra y responsable del operativo de seguridad en el edificio de la Secretaría General de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda en Barcelona durante el registro judicial del 20 de septiembre de 2017.
Según la Fiscalía , "negó reiterada e intencionadamente la prestación del auxilio que se le reclamaba, guiada del propósito último que alentaba sus acciones, que no era otro que frustrar la actuación de la Comisión Judicial".
