El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que este martes el Consejo de Gobierno aprobará la autorización a los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades para que procedan a redactar el proyecto que "haya lugar" para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez el pago del IVA de 2017 que adeuda a la región. No obstante, se ha mostrado confiado en que haya entendimiento.

"Ojalá que en el discurso de la discusión jurídica pueda haber entendimiento y ojalá lo haya con todos. Me molestaría que se pagará el IVA a comunidades porque lo pida un diputado o porque se le antoje a los independentistas. Sería un golpe moral", ha confesado el titular del Ejecutivo castellanomanchego, que ha añadido que esta cuestión "no tiene vuelta de hoja" aunque se puedan "buscar triquiñuelas políticas" para no asumir responsabilidades.

García-Page, que ha realizado estas manifestaciones en la firma de los convenios para el desarrollo de Lanzaderas de Empleo en Puertollano y Talavera de la Reina con la Fundación Santa María la Real y la Fundación Telefónica, ha ratificado de este modo lo que ya anunció el pasado 23 de enero. "Me debo a los intereses de Castilla-La Mancha por encima de los del partido", ha aseverado el presidente de Castilla-La Mancha, que considera que es algo que "todo el mundo" ha de entender.

"Hay muchas deudas pendientes y mucho dinero que está por aclararse. Más de 1.000 millones en el conjunto. En este retraso patológico que tiene la financiación autonómica estamos empezando a perder esperanza en que se cumpla la ley. Pero al igual que pedimos que la cumplan los independentistas, ha de cumplirse por todos los lados", ha reiterado el presidente castellanomanchego que, a modo de ejemplo, ha dicho que su Ejecutivo "no puede dejar de pagar la nómina de un mes".

"Silencio cómplice"

Ppr su parte, el grupo parlamentario del PP también llevará a los tribunales el impago del IVA de diciembre de 2017 si en el plazo de tres meses el Consejo de Ministros no da una solución y procede a abonar los 281 millones de deuda por este impuesto, y lamenta el "silencio cómplice" del president de la Generalitat, Ximo Puig.

Así lo ha anunciado la síndica del PP en Les Corts, Isabel Bonig, quien ha criticado que Puig dé la "callada por respuesta" a este impago frente a otros presidentes autonómicos socialistas como el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha dado de plazo al Gobierno central hasta este martes para que cambie de criterio sobre la liquidación de este impuesto o presentará una demanda.

Bonig ha recordado que el pasado viernes anunció acciones legales si el Gobierno de la Generalitat no adoptaba acciones contra el impago del IVA o reclamaba el establecimiento de un calendario, pero ha lamentado la "callada por respuesta" por parte del Gobierno valenciano. "Puig ha cambiado la actitud de reivindicación permanente por el cambio del modelo de financiación al silencio cómplice", ha lamentado la síndica, quien ha recordado además que el president de la Generalitat y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, llevaron, en 2016, los presupuestos de Mariano Rajoy al Tribunal Constitucional al no contemplar el cambio del modelo de financiación autonómica.

"Todo era una mentira", ha señalado Bonig, para quien el propio Puig es "una 'fake news'". Asimismo, ha anunciado que ante la "inacción" y la falta de respuesta por parte de Puig "no cabe otra posibilidad que ir a los tribunales", por lo que el grupo parlamentario popular requerirá al Consejo de Ministros para que "cese" en el incumplimiento de sus obligaciones legales y pague el IVA adeudado.

En caso contrario, y si en el plazo de tres meses no se procede al abono del impuesto, interpondrán un recurso contencioso-administrativo ante la sala tercera del Tribunal Supremo y presentarán una queja ante el Defensor del Pueblo.