El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto al de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que la mesa de negociación entre los dos gobiernos se constituya ya este mismo mes de febrero.

Una mesa de diálogo entre gobiernos que, según ha explicado Sánchez en una rueda de prensa posterior a la reunión, no tendrá la figura de mediador. "El mediador serán los 47 millones de españoles", que serán "testigos" de dicho diálogo "sincero, franco y transparente", ha manifestado al respecto.

Asimismo, ha subrayado su intención de estar él mismo en la mesa de negociación entre el Ejecutivo y el Govern. Una mesa en la que él seguirá defendiendo los mismos postulados de siempre sobre a Cataluña, y en concreto ha recalcado que él es "un firme defensor del autogobierno integrador", porque entiende que es lo que "aglutina a más catalanes y representa mejor la pluralidad".

Sánchez ha insistido en que el diálogo que ahora se inicia va a ser "largo" y no será fácil sino "complejo", pero hay que hacer este recorrido "paso a paso".

Cuatro páginas con las propuestas

Estas propuestas constan en el documento abierto de 'Agenda para el reencuentro' que Sánchez ha llevado a su reunión con Torra, un escrito de cuatro páginas con sus propuestas. El primer punto del documento habla de "abrir vías de negociación y diálogo sobre el futuro de Cataluña" y en él propone que dicho diálogo comience este mes "con la reunión constitutiva de la Mesa de diálogo, negociación y acuerdo", que tiene como objetivo "buscar soluciones políticas que reflejen los intereses de una amplia mayoría de catalanes".

Los puntos que recoge este documento que ha llevado Sánchez a Torra son una síntesis de las demandas acumuladas de los presidentes de la Generalitat, a las que trata de dar respuesta con estos compromisos y propuestas. El Gobierno coloca en segundo lugar en este documento, y dentro del capítulo relativo al diálogo y la regeneración, el compromiso de "evitar la judicialización de la política" y en este punto señala que la mesa de diálogo y su búsqueda de soluciones debe hacerse "en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica".

En este primer epígrafe, además, el Ejecutivo habla de sus compromisos con la regeneración institucional con medidas como la supresión de aforamientos y con la memoria democrática, y en ese contexto subraya su intención de homenajear a las víctimas de la dictadura y de anular las condenas y sanciones a las mismas, como la del expresidente de la Generalitat, Lluís Companys.

Un nuevo sistema de financiación autonómica que "permita garantizar la lealtad y solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles" es lo que propone Sánchez a Torra en el segundo capítulo de este documento. Y asegura que este viernes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, presentará "una senda más transitable que permita reducir el déficit y la deuda pero que no afecte a la creación de empleo ni al crecimiento económico".

También recalca que en los próximos presupuestos del Estado cumplirá con las disposiciones del Estatuto de Autonomía catalán sobre la inversión en esa comunidad, "como ya sucedía con el proyecto para 2019" que no llegó a aprobarse. Y se compromete a estudiar los "los planteamientos tributarios de la Generalitat" en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera de cara a la elaboración del nuevo Sistema de Financiación Autonómica.

El Gobierno, "dispuesto a escuchar"

El documento apuesta también por la "reducción de la conflictividad institucional" y el Gobierno asegura estar "dispuesto a escuchar y atender demandas" sobre resoluciones y textos legislativos pendientes de recurso o de sentencia, aunque también subraya que respetará la independencia y las resoluciones del Poder Judicial y velará por su cumplimiento.

Impulsar la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y atender a las demandas de traspasos y desarrollos estatutarios está entre los compromisos del Ejecutivo, que insiste en su "total disponibilidad para el diálogo". Dice también que a la espera de concreciones sobre demandas de traspasos, "puede haber avances a corto plazo en materia de becas, compensaciones por nuevas plazas judiciales y reclamaciones administrativas".

También se refiere al cumplimiento de los acuerdos sobre compensaciones alcanzados en materia económica, como el relativo al aumento de la plantilla de los Mossos o a la Sentencia del Tribunal Supremo sobre déficit inversor, que se compromete a incluir en el proyecto de presupuestos para 2020 como lo estuvieron en el de 2019.

Se muestra además a favor de la coordinación en materia de acción exterior, pero "con matices", y señala que las delegaciones de la Generalitat en el exterior deben ajustarse a los principios contenidos en la Ley de Acción.