En casa de Ana Moskera, el debate sobre la regulación de la eutanasia que ha dado comienzo en el Congreso este martes se vive entre la expectación y la desidia. Esta vecina de Zarautz (Guipúzcoa) de 52 años lleva casi una década y media afectada de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y les ha anunciado a su marido y a sus dos hijas que no desea vivir las últimas fases de una enfermedad incapacitante que le conducirá sin remedio a la muerte. Les ha pedido que cuando no pueda valerse por sí misma ni para beber un vaso de agua, la ayuden a acabar con su vida. "Ojalá la ley llegue a tiempo, pero si no lo hace, me va a dar igual, cumpliré su deseo y no la dejaré sufrir. Y si alguien me cuestiona, que cierre los ojos unos segundos y piense qué haría en mi lugar", afirma Juanjo Uría, su marido.

El siempre incómodo asunto de la eutanasia gira estos días alrededor de dos relojes que se mueven a velocidades diferentes. Uno, público y con acento político, lo pautan los plazos de la tramitación parlamentaria de la ley. Otro, privado y doloroso, lo marca el avance de la enfermedad que sufre cada paciente desahuciado que desea, pero no puede, librarse de la agonía que le espera. Entre ambos, los familiares asisten con angustia a la negociación de un reglamento que podría facultarles para ayudar a morir a sus seres queridos sin acabar con sus huesos en la cárcel, que es donde les manda ahora mismo el artículo 143 del Código Penal.

Reclamada desde 1984

"Lo más duro es no saber qué responder cuando nos llaman preguntando: '¿La ley estará pronto o me moriré antes?'. O cuando nos piden consejos para ir a Suiza a practicarse un suicidio asistido igual que antes viajaban las mujeres a Londres para abortar", explica Isabel Alonso, presidenta de Dret a Morir Dignament, la federación catalana de la asociación que lleva reclamando la legalización de la eutanasia desde 1984.

"Hay enfermos desahuciados que se suicidan cuando aún pueden valerse por sí mismos por temor a que luego sea tarde"

En estos 36 años, la percepción pública de esta controvertida cuestión ha ido evolucionando a golpe de caso mediático. El más recordado es el de Ramón Sampedro, el tetrapléjico cuyo drama llevó al cine Alejandro Amenábar en 'Mar adentro', pero después hubo otros protagonistas de historias similares que pusieron nombre y rostro a la tragedia de saber que te aguarda una espiración dolorosa y nadie puede echarte una mano para evitarla.

Algunos tan recientes como Antoni Monguilod, de Malgrat de Mar, que falleció en octubre del año pasado después batallar durante una década con el párkinson y de cansarse de suplicar, en privado con su familia y en público ante los medios y los políticos, que le ayudaran a morir. O Fernando Cuesta, el asturiano afectado de ELA que hace cinco meses dejó su testimonio grabado en un conmovedor vídeo antes de viajar a Suiza para someterse a un suicidio asistido.

Primer detenido

O María José Carrasco, la enferma de esclerosis múltiple cuyo marido, Ángel Hernández, se convirtió el año pasado en el primer familiar de afectado que es detenido en España por practicar una eutanasia. En su caso, consistió en acercarle a los labios a su mujer la pajita con la que ingirió el compuesto químico letal que acabó con su vida después de esperar inútilmente que llegara el reglamento que desde este martes se discute en el Congreso.

Caso de aprobarse ahora, la ley también llegará demasiado tarde para Maribel Tellaetxe, que murió de alzhéimer en un hospital de Santurtzi (Vizcaya) en marzo del 2019 con 52 años. De ellos, al menos los tres últimos estuvieron de más. "De viva voz y por escrito, nos pidió que la ayudáramos a morir cuando sufriera dolores severos y no pudiera reconocernos ni valerse por sí misma. Esas condiciones ya se daban en el 2016, pero no pudimos cumplir su deseo, por más que lo reclamamos", se lamenta su hijo, David Lorenzo.

Suicidios anticipados

La implicación que él, su hermano y su padre han mantenido en los últimos años con la reivindicación del derecho a morir dignamente -llegaron a reunir 350.000 firmas en apoyo de esta demanda-, les ha llevado a conocer de cerca otros casos similares al de su madre, pero que nunca trascendieron a los medios. La conclusión que extrae de esta inmersión en el mundo de los pacientes terminales es un torpedo en la línea de flotación del discurso que equipara la eutanasia con una apuesta por la muerte. "Hay enfermos desahuciados que se están suicidando cuando aún pueden valerse por sí mismos por temor a que luego sea demasiado tarde y nadie pueda ayudarles, aunque esto les haga renunciar a varios años de vida en condiciones aceptables", afirma.

"Esta ley no obliga a nadie, solo da paz y seguridad a quienes no las tienen consigo en el momento más difícil"

José Tarriza, vecino de Madrid de 65 años, no contempla verse en esa situación, aunque su futuro no es mucho más esperanzador. Desde hace siete años padece ELA y lo único que ha pedido a sus familiares es que no le conecten a una máquina cuando la enfermedad le impida respirar. Que le seden y le dejen irse tranquilamente.

Para que se cumpla su plan no hace falta ninguna ley de eutanasia, ya podría hacerlo con el testamento vital y la oferta de cuidados paliativos que actualmente se aplican en los hospitales. "Pero hay pacientes que no quieren llegar a ese escenario y tienen derecho a que se cumplan sus deseos de morir antes. Esta ley no obliga a nadie, solo da paz y seguridad a quienes no las tienen consigo en el momento más difícil de sus vidas", recuerda.