Las juntas de tratamiento de Lledoners (Barcelona) y Mas d'Enric (Tarragona) han modificado las condiciones de aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y el horario en el que podrán salir de la cárcel el líder de ERC, Oriol Junqueras (podrá salir 4 días por semana durante 12 horas); la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (3 días por semana durante 12 horas), y el exconseller Raül Romeva (4 días durante 10 horas).

La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat ha explicado este jueves que, en el caso de Junqueras, su defensa pidió el cambio a causa del traslado temporal de su puesto de trabajo, donde recuperará las horas que no ha trabajado durante el confinamiento.

Romeva recuperará horas que no trabajó

Por su parte, la defensa de Romeva pidió la modificación de las condiciones del permiso de salida porque se ha modificado su contrato laboral y también recuperará horas que no ha trabajado a causa del confinamiento.

El permiso de Forcadell es para ir a cuidar de un familiar y para hacer un voluntariado: la defensa pidió modificar el permiso porque la entidad donde presta el voluntariado ha cambiado temporalmente su sede.

Al decretarse el estado de alarma, las cárceles de Cataluña suspendieron temporalmente las salidas por permisos de los presos, incluyendo aquellos que salían de prisión para trabajar beneficiándose del artículo 100.2.

Sànchez, Turull y Rull piden salir de prisión

Por su parte, los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez han pedido al Tribunal Constitucional que, como hizo con los ultras que asaltaron la Blanquerna, suspenda sus condenas y les permita salir de prisión, tras recordar que no hay riesgo de fuga por el cierre de fronteras.

La defensa de los tres políticos de JxCat, ejercida por el abogado Jordi Pina, ha presentado nuevos escritos ante el Tribunal Constitucional, tras su decisión de admitir a trámite los recursos de amparo que presentaron contra la sentencia del Supremo que los condenó por rebelión por su papel en el procés.

Los escritos piden al TC que, como ya solicitaban en sus recursos, acuerde suspender las penas de prisión y de inhabilitación de los tres condenados mientras dicta sentencia, un proceso que según la defensa podría demorarse "más allá" de dos años.

Ello implica, argumenta el abogado, que la resolución de los recursos llegará cuando sus clientes habrán cumplido en prisión cuatro o cinco años, lo que "indudablemente haría perder su razón de ser, que es evitar la ejecución de una condena que se considera impuesta en vulneración de derechos fundamentales".

A ello se añade, según la defensa, la afectación que la pena de inhabilitación impuesta tiene sobre sus clientes, lo que les impide "presentar su candidatura en cualquier proceso electoral".

El abogado recuerda al Constitucional que en su día suspendió las penas impuestas a los ultras condenados por asaltar la sede de la Generalitat en Madrid e insiste en que la excarcelación de Turull, Rull y Sànchez "no ocasiona perturbación grave a ningún interés constitucional".

En ese sentido, la defensa recalca que sus clientes han salido ocasionalmente de prisión para trabajar o hacer voluntariado, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, sin incidencia alguna.

Asimismo, subraya que, en plena crisis sanitaria por el coronavirus, el riesgo de fuga de los condenados es "absolutamente nulo" debido a las restricciones impuestas a la libertad de movimientos entre países "y a las futuras limitaciones" que provocará la pandemia.

Los recursos invocan además las manifestaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que el pasado 25 de marzo instó a los gobiernos a reducir el número de reclusos por la crisis de la Covid-19.

Además, según los condenados, el Ministerio de Interior "ha tratado de facilitar" que los internos clasificados en tercer grado o aquellos sujetos al artículo 100.2 pudieran pasar el confinamiento en sus domicilios, sin necesidad de regresar a la prisión para dormir.

Los tres políticos reprochan al Constitucional el "doble rasero" que aplica al resolver los recursos: "máxima celeridad para la privación cautelar de los derechos políticos de los líderes independentistas, lentitud para resolver sus demandas".

Para la defensa de Turull, Rull y Sánchez, sus recursos de amparo, no solo no han servido para proteger sus derechos fundamentales, sino que se ha convertido en "un auténtico obstáculo para impedir a los líderes independentistas procesados obtener en un plazo razonable la protección que eventualmente les podía dispensar el Tribunal de Estrasburgo".