El coronavirus impidió poner punto y final al juicio del mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y la excúpula política de la policía catalana a falta de cuatro sesiones. La pandemia obligó a suspender la vista justo cuando estaban a punto de conocer los términos en los que la fiscalía de la Audiencia Nacional rebajaba la acusación que formula en su contra. Este lunes el teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, anunció una rebaja del delito de rebelión a sedición, con una petición de 11 a 10 años de cárcel, al entender al exjefe de los Mossos y la excúpula política del cuerpo autoridad, por lo que deben ver visto agravada su pena.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, verbalizó el cambio de delito de rebelión del que acusaban a Trapero, al exdirector general de los Mossos Pere Soler y al exsecretario de la Conselleria de Interior César Puig pasa a ser de sedición, como fijó la sentencia del Tribunal Supremo dictada en octubre del año pasado contra los líderes del 'procés' independentista.
Solo la intendente Teresa Laplana estaba ya acusada de sedición y no ha visto modificada su pena. Salvo al quedar incluida en la petición alternativa de desobediencia, para el caso de que el tribunal no considere cometido el de sedición. Con esta alternativa no habrá pena de cárcel para ninguno de los acusados, ya que la petición fiscal pasará a ser de multa de 10 meses a razón de 200 euros diarios (60.000 euros) y de cinco meses para Laplana (30.000).
Esa modificación era imposible eludirla después de que la más alta instancia de la justicia ordinaria no viera ese delito al juzgar los mismos hechos. Pese a ello, la fiscalía, como adelantó este diario, prefirió no anunciarlo en el trámite de cuestiones previas con las que se inició el juicio para evitar tener que hacer una modificación posterior en el trámite previsto para este lunes.
Tenía razón, porque, según las fuentes fiscales consultadas, salvo cambio de última hora, tiene previsto añadir como pena alternativa el delito de desobediencia, mucho más leve que la rebelión y la sedición, porque ni siquiera acarrea pena de prisión. Una rebaja sustancial, pues la petición provisional de pena de la fiscalía era de 11 años de cárcel para los tres acusados de rebelión, aunque el protagonismo durante todo el juicio lo acaparara Trapero y los nombres de Puig y Soler fueran muy poco mencionados.
Informe en siete días
La sesión de este lunes no se prolongará más que lo que tarden los fiscales en verbalizar los delitos por los que acusan definitivamente a los procesados. La argumentación en la que se basan para pedir que sean condenados por ellos no se conocerá hasta el lunes siguiente, en el informe de conclusiones.
Se augura interesante descubrir cómo tratan de neutralizar las líneas básicas de la defensa de Trapero que resultaron muy contundentes para combatir los delitos que se le imputaban. Comenzó a esbozarlas en el Tribunal Supremo, cuando, al declarar como testigo, afirmó que tenía un plan para detener al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si así le era ordenado tras la declaración unilateral de independencia. Las perfiló como imputado ante la Audiencia Nacional al incluir algunos detalles sobre ese planteamiento.
Por si eso no fuera suficiente, el comisario Ferran López, uno de los principales testigos de la fiscalía, sostuvo que la jefatura del cuerpo seguía por televisión las ruedas de prensa del Govern para conocer sus decisiones, lo que alejaría a Trapero de una conjura sediciosa al no ser miembro del círculo que tomaba las decisiones.
Defensas
Las defensas de Trapero, Soler, Puig y Laplana expondrán sus informes después del fiscal, entre los días 16 y 17 de junio, que será cuando el juicio quede visto para sentencia. También será entonces cuando los acusados que lo deseen puedan hacer uso del derecho a la última palabra, si consideran que algún extremo relevante para su defensa no ha quedado lo suficientemente claro tanto en los informes de sus letrados, como durante su declaración ante el tribunal.
