Alarma. La palabra que se convirtió en tabú, la que tanto denostó la oposición, vuelve. Pero no regresa asociada al mando único del Gobierno, sino a las comunidades. Ellas podrán pedir la declaración del estado de alarma en todo su territorio o en parte de él. Pero la iniciativa será enteramente suya, no del Ejecutivo, aunque este le garantiza los votos de los dos grupos que sustentan la mayoría parlamentaria.
Pedro Sánchez ofreció ayer ese giro de guion tras el primer Consejo de Ministros posterior a las vacaciones. La esencia, con todo, es la misma: tras el fin de la desescalada, que tuvo que acelerar por la falta de apoyos y la presión política, decidió que la responsabilidad de la gestión del coronavirus recaería en las comunidades.
Y en ellas seguirá descansando. Pero con el crecimiento desbocado de los casos -la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 173,14 positivos por 100.000 habitantes, y ayer se notificaron 7.117 nuevos contagios, 2.415 en las 24 horas anteriores- y la exigencia de la oposición para que tome el control, el presidente dio lo que en su equipo llamaban un «golpe de autoridad», especialmente dirigido al PP y a comunidades como Madrid, que no ha dejado de lanzar invectivas contra el Ejecutivo y que es otra vez el epicentro de la pandemia en España.
Sánchez arrancó reconociendo que la evolución de la covid-19 «no es buena, es preocupante en algunos territorios» y por ello «hay que atajarla», pero al tiempo subrayó que el escenario no es equiparable al de marzo, por lo que la receta es la «serenidad» y «no un miedo que nos paralice y nos impida actuar».
La salida jurídica que ofrece el Ejecutivo a las comunidades es que puedan solicitar la declaración del estado de alarma total o parcialmente en sus territorios. No es una innovación técnica: ya el artículo 5 de la ley de 1981 permite a los presidentes autonómicos solicitar al Gobierno que active esa herramienta.
La novedad estriba en que serán los mandatarios autonómicos los que, con seguridad, asumirán el mando único -y no el Ministerio de Sanidad-, como ocurrió en la última fase de la desescalada, y los que tendrán que comparecer ante el Congreso, junto con el Gobierno, para defender la alarma y sus eventuales prórrogas. Es decir, que el Ejecutivo pone a las autonomías frente al espejo: que ellas decidan, que ellas lo expliquen y que ellas asuman el desgaste político. Los contornos de una alarma a la carta, sin embargo, no están definidos. Sánchez solo subrayó que no es sinónimo de confinamiento.
¿Y si las comunidades no echan mano de la alarma aunque el virus se descontrole? Esa es la duda. Sobre todo por Madrid y el irredentismo de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Sánchez descargó la responsabilidad en las autonomías, aunque no cerró la puerta a asumir el control: «Esperemos que no lleguemos a ese punto. Estoy convencido de que todos los gobernantes autonómicos actúan con la máxima responsabilidad y el deber de proteger la salud pública». Al cierre de esta edición, la mayoría de los territorios ya descartaban la aplicación, al menos de momento, de la alarma.
Comunidad Valenciana
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, fue uno de los primeros dirigentes autonómicos que puso encima de la mesa la necesidad de que el Gobierno estableciera una serie de mecanismos para poder disponer de una fórmula jurídica para poder arbitrar un «estado de alarma» a la carta. Es decir, medidas restrictivas en espacios reducidos o limitados. El objetivo del Consell es evitar un confinamiento generalizado que volviera a frenar la actividad económica por completo. Con decisiones acotadas a territorios pequeños o a determinados sectores se puede mantener el día a día en las zonas con menos incidencia de contagios y tomar decisiones más drásticas de forma puntual. A pesar de que Puig fue el primero que movió ficha en ese sentido, lo cierto, sin embargo, es que en estos momentos, el Consell no se plantea en ningún caso hacer uso de este mecanismo de forma inmediata. Los datos de la Comunidad Valenciana, aun con el crecimiento de contagios, continúan siendo mucho mejores que los del resto de España. Y eso, de momento, desaconseja, de acuerdo con estas mismas fuentes, afrontar este tipo de confinamientos parciales.
Más allá de ella, el Gobierno pone también a disposición de las autonomías 2.000 militares para labores de rastreo en las que han sido formados. El Ejecutivo busca tapar un boquete del que ya previno Sanidad en la desescalada y que ahora afecta, de nuevo, a territorios como Madrid o Cataluña: la necesidad de trazar los contactos de los positivos para frenar las cadenas de propagación del virus. El número de 2.000 efectivos podría aumentar, dijo Pedro Sánchez.
