"Nosotros no somos unos antisistemas, que piensan que ya han decidido", empezó su intervención el abogado del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante los cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en cuyas manos está el año y medio de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por negarse a retirar los lazos amarillos, pese al requerimiento en ese sentido de la Junta Electoral Central.

En un informe muy elaborado, que contrastó con el de la fiscal de Sala Pilar Fernández Valcarce, tan técnico que prácticamente solo se centró en defender la autoridad del árbitro electoral para pedir a Torra que retirara la pancarta de los presos políticos del edificio de la Generalitat, Boye apeló a la sanción impuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a las palabras de la exportavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo cuando llamó terrorista al padre del líder de Podemos Pablo Iglesias, a pesar de que el único punto coincidente es que los protagonizan políticos.

En este sentido se refirió a una supuesta "minoría nacional" como única explicación de lo que en su opinión es un trato desigual entre el caso de Sánchez, al que la JEC sancionó por conceder una entrevista desde Moncloa en periodo electoral, y el de Torra, que admitió la desobediencia ante el TSJC. De hecho, Boye jugó siempre que pudo con la carta de insinuar una supuesta discriminación hacia Torra por el hecho de ser catalán, por ejemplo, la asegurar que la jurisprudencia del Supremo ya estableció que la JEC no era competente para dar órdenes a Torra en un caso en el que el político "no era catalán o sí, porque era el presidente de Baleares", agregó.

Boye tenía enfrente al 'president', que arrancó el día con un mensaje en Twitter en el que parece ratificarse en el simbolismo de la pancarta que le ha situado en esta tesitura, y vino a Madrid a asistir a la vista como público y comparecer telemáticamente sin presencia de medios en Blanquerna. "Pues sí: libertad presos políticos y exiliados", escribió junto a una imagen de la polémica pancarta colgada del balcón del Palau de la Generalitat.

La dificultad técnica del asunto, que básicamente consiste en determinar si desoír al árbitro electoral es sancionable penalmente o no, una vez que el propio Torra asumió la desobediencia, no se corresponde con la expectación mediática que despierta. El motivo es que de confirmarse la inhabilitación de año y medio que le fue impuesta, deberá abandonar la presidencia de la Generalitat, cuando el TSJC, que fue quien impuso la primera condena, le notifique la resolución firme del alto tribunal en caso de que como se prevé esta sea condenatoria.

Las fuentes jurídicas consultadas descartan en principio que ello deba ser acompañado de una publicación en algún boletín oficial, puesto que será un fallo firme de la cúspide de la justicia y sería cuando menso paradójico depender, al menos en lo que se refiere al boletín autonómico, del propio inhabilitado. Además, cuestionan la efectividad que pueda tener cualquier decisión adoptada una vez conocido el fallo del Supremo, si este pasa por ratificar su inhabilitación.

Tres magistrados del 'procés'

El tribunal ha estado presidido por Andrés Martínez Arrieta, como magistrado más antiguo de la Sala Segunda, y el ponente de la sentencia que se dictará será Juan Ramón Berdugo. El resto del tribunal lo han compuesto Antonio del Moral, Susana Polo y Vicente Magro. Estos dos últimos no formaron parte del tribunal que condenó a los líderes independentistas por sedición.