El Supremo admite el primer litigio contra el Gobierno por acción climática "insuficiente"

Ahora el Gobierno tiene 20 días para presentar la documentación relativa al proceso por el que se le demanda y responder así al recurso presentado ante la Sala de lo contencioso-administrativo el pasado 15 de septiembre y que ahora admite la Sala Tercera del alto tribunal.

Las ONG celebran que el Supremo haya abierto la puerta al primer proceso judicial contra el Gobierno español por incumplimiento de sus obligaciones climáticas.

La abogada demandante de las tres organizaciones, Lorena Ruiz-Huerta, ha destacado que desde que se anunció la interposición del recurso hace un par de semanas, "numerosas" organizaciones internacionales "tanto ambientalistas como jurídicas", se han puesto en contacto con ellos para manifestar "interés en el caso y brindar su apoyo".

"La preocupación por el cambio climático en nuestro país, uno de los más vulnerables a este fenómeno de toda Europa, trasciende nuestras fronteras, por lo que la noticia de la puesta en marcha de este litigio para pedir al Gobierno una mayor ambición en la lucha contra el cambio climático, ha sido recibida con ilusión y esperanza en foros internacionales de toda índole", ha manifestado.

El litigio climático contra el Gobierno se suma a otras demandas en la misma línea planteadas en los últimos años en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda, entre otros.

En concreto, destacan el caso de Holanda, donde la Fundación Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que condena al Gobierno por incumplir los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática, violando con ello los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.

La resolución del Supremo da 20 días al Ministerio para la Presidencia para que, en el plazo de 20 días, remita el expediente administrativo correspondiente al caso por el que se le demanda.

Tras ello, el Tribunal Supremo emplazará a las organizaciones para que presenten su demanda, en la que se expondrán los argumentos por los que consideran que el Gobierno está incurriendo en una grave inactividad frente al cambio climático.

El incumplimiento principal es que, diez meses después de que finalizara el plazo fijado por la UEy una Estrategia a Largo Plazo (ELP) que definan la hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, responsables del calentamiento global.

Además, las organizaciones denuncian que en el PNIEC se prevé una reducción del 23 por ciento de las emisiones en 2030 respecto a 1990 y la ELP prevé una descarbonización muy tardía, para 2050. Estos objetivos son, a su juicio, muy lejanos a las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de la ONU (IPCC), que plantean que España debería fijar al menos una reducción de al menos el 55 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a los niveles de 1990 para poder mantener el objetivo acordado en el Acuerdo de París de no superar el aumento global de la temperatura del planeta en 1,5º a final de siglo.

Asimismo, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón consideran que las políticas del Gobierno, pese a ser mejor respecto a las de los Gobiernos anteriores, continúan siendo "muy insuficientes" para mitigar el cambio climático y salvaguardar un medio ambiente saludable en el que las generaciones presentes y futuras puedan vivir en condiciones dignas y saludables.

"Recibimos, por tanto, con alegría y esperanza la admisión a trámite de este procedimiento", ha concluido Ruiz-Huerta, quien ha expresado su confianza en la justicia para que se logre dar "un paso más" en la lucha "común" contra el cambio climático devastador. "Nos va la vida en ello", ha sentenciado.