La reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), planteada por el PSOE y Unidas Podemos, que aboga por reducir las mayorías para elegir a los jueces y acelerar el trámite para eludir los informes de los órganos consultivos, ha sido recibida con mucha frialdad en Bruselas. La Comisión Europea ha avisado este jueves que cuando un Estado miembro emprende una reforma de su sistema judicial debe consultar antes los cambios con las partes afectadas y con el Consejo de Europa, y, sobre todo, que es importante garantizar que "la independencia judicial" no se vea comprometida en este proceso.
"La Comisión está al corriente del nuevo proyecto de ley y estamos siguiendo de cerca los acontecimientos a este respecto", ha indicado a El Periódico de Catalunya el portavoz de justicia de la Comisión Europea, Christian Wiegand, sobre los planes del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez para desbloquear la renovación. En este sentido, Bruselas recuerda que hace apenas 15 días, en su primer informe sobre el Estado de derecho en la UE 2020, ya avisó de la "importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial para reforzar la independencia judicial".
Contra la politización
Concretamente, en el capítulo dedicado a España, el Ejecutivo comunitario apuntó a la situación en el CGPJ como uno de los "desafíos" pendientes y advirtió de que "es importante garantizar que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización". Es más, según subraya el portavoz comunitario en su respuesta, "cuando los estados miembros reforman el sistema judicial, siempre deberían hacerlo consultado a todos los actores relevantes, incluida la Comisión de Venecia ", el órgano consultivo del Consejo de Europa -una institución intergubernalmental con sede en Estrasburgo- responsable de velar por el respeto del estado de derecho.
También añade Bruselas que "los estados miembros deben seguir los estándares de la UE". Una recomendación que ya hizo el pasado 30 de septiembre en el primer informe de evaluación sobre el estado de derecho publicado por la Comisión Europea. En este análisis, el Ejecutivo comunitario constató los retrasos continuados en la renovación del CGPJ y alertó de que lleva ejerciendo sus funciones de forma interina desde diciembre de 2018, debido precisamente a la falta de acuerdo para su renovación. El documento también hace referencia a los avisos del Consejo de Europa sobre la importancia de garantizar la independencia de este órgano, para evitar que el CGPJ sea "percibido como susceptible de politización".
El aviso coincide con la ofensiva lanzada por la oposición española contra la reforma, que según el PP y Ciudadanos puede afectar a la llegada de fondos europeos, la negociación de un nuevo mecanismo para condicionar el desembolso de ayudas del fondo de recuperación al respeto del estado de derecho -siempre que afecte a los intereses financieros de la UE- y las críticas de un miembro del Gobierno de Polonia a los planes de Sánchez. Varsovia es, junto con Hungría, el único Estado miembro contra quien la Comisión Europea ha activado el artículo 7 del Tratado que permite sancionar las derivas autoritarias.
