El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado este viernes que comunicará el miércoles 21 de octubre en el pleno de la Cámara catalana que no hay un candidato a la investidura para sustituir al expresidente Quim Torra, por lo que se activará el reloj de las elecciones, que se celebrarían el 14 de febrero.

En rueda de prensa después de que el jueves finalizara el plazo de 10 días para consultar a los grupos si hay algún candidato a la investidura, ha explicado que la comunicación, que equivaldrá a una investidura fallida, la hará el miércoles en el pleno ordinario que ya está previsto y ese mismo día publicará una resolución en el Boletín Oficial del Parlament (Bopc).

A partir de ahí, se abrirá el periodo de dos meses para investir a un presidente y, si esto no se produce como es previsible, el 22 de diciembre se disolverá el Parlament de manera automática y el Govern publicará el decreto de la convocatoria de elecciones, que serán el domingo 14 de febrero.

El presidente de la cámara legislativa catalana ha reconocido que se trata de una situación inédita, ya que no había ocurrido antes que, como consecuencia de la inhabilitación de un presidente, se entrara en un período de interinidad.

Torrent ha explicado, no obstante, que durante los siguientes dos meses habrá "actividad parlamentaria" normal, aunque con las restricciones y medidas de seguridad que establecen las autoridades sanitarias para prevenir la propagación del coronavirus.

Únicamente en el caso, que ahora mismo parece improbable, de que algún grupo le propusiera un candidato a la presidencia, Torrent abriría otra ronda de consultas, ha señalado el propio presidente.

Sobre la posibilidad de que la segunda oleada de la pandemia pueda interferir en el período electoral y las elecciones, el presidente del Parlament ha afirmado que habrá que compatibilizar el derecho al voto de los ciudadanos con el de la seguridad sanitaria.

En todo caso, ha puntualizado, una vez disuelto el Parlament corresponderá al Govern "ponderar" durante los 54 días siguientes ambos derechos, el del voto de los ciudadanos y el de la seguridad sanitaria.