La Fiscalía General del Estado defiende el protocolo que utiliza para prevenir posibles casos de tráfico de menores con los niños que llegan en las pateras, pero reconoce que "la desmesurada presión migratoria" que sufre Canarias está provocando retrasos en las pruebas de ADN y ofrece al Gobierno autonómico impulsar los reagrupamientos familiares.

En un comunicado, la Fiscalía sale al paso así de las quejas expresadas por varias mujeres inmigrantes llegadas en las últimas semanas a Canarias y a las que les han retirado los niños hasta que una prueba de ADN acredite su parentesco, en una separación que para algunas de ellas se prolonga ya cerca de dos meses.

Sus protestas han sido respaldadas expresamente por la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno canario, cuya titular, Iratxe Serrano, ha defendido este miércoles en el Parlamento autonómico que ese protocolo vulnera los derechos del niño al que separan de su madre o de su padre.

El Ministerio Público explica el sentido de ese procedimiento: desde finales de 2019, dice, se ha detectado "un número alarmante de casos" en los que una mujer llegada irregularmente a España ha desaparecido con el niño que decía que era su hijo, un parentesco que más tarde desmentían los análisis genéticos.

Se trata, añade, del fenómeno conocido como los 'niños ancla' (pequeños utilizados como pantalla para evitar la expulsión del adulto que llega irregularmente con él), por lo que "urgía proteger a los menores del riesgo de ser objeto de utilización para otros fines, o incluso para favorecer situaciones de trata".

La Fiscalía General del Estado precisa que ese protocolo de actuación tiene vocación "temporal", con vigencia hasta que se "descarte la existencia de riesgos graves para los menores que pudieran llegar en las mismas condiciones".

Investigación del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo ha abierto este miércoles una investigación sobre la decisión de la Fiscalía de separar a las madres que llegan a Canarias en patera de los niños que traen consigo en su travesía hasta certificar por la vía de ADN que son sus hijos, tras recibir dos quejas al respecto.

Una portavoz de esta institución ha confirmado que van a estudiar lo que está ocurriendo con esos niños, que se ven afectados por un protocolo diseñado para prevenir el tráfico de menores, pero que conlleva que son separados temporalmente de sus madres.

El Gobierno canario tiene constancia de, al menos, doce casos de madres que han sido separadas de sus hijos tras su llegada a la provincia de Las Palmas, seis en Fuerteventura y otros seis en Gran Canaria. El último caso ocurrió este martes por la mañana cuando un niño de tres años fue retirado a su madre en Gran Canaria.