El Gobierno ha rectificado sus planes iniciales sobre la gobernanza de la aplicación de los 140.000 millones de euros de fondos europeos asignados a España. Tras el malestar causado en la Vicepresidencia Segunda, de Pablo Iglesias, por haberse visto excluida del 'miniconsejo' de 11 ministros diseñado por el Ejecutivo para gobernar la aplicación de estos fondos -según figura en un borrador de Real Decreto al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya-, la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que será el Consejo de Ministros en su conjunto quien asumirá esta tarea.

Montero ha explicado que existe una "instrucción expresa" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para residenciar en el Consejo de Ministros, y en la totalidad de los departamentos, el órgano máximo de dirección de los fondos europeos.

En un borrador de decreto, el Gobierno había establecido la creación de la Comisión para la Recuperación, como un nuevo órgano presidido por Pedro Sánchez e integrado por 11 ministerios, entre los que solo uno, el de Trabajo, a cuyo frente está Yolanda Díaz, pertenece a la órbita de Unidas Podemos.

Sin embargo, según Montero, este texto solo era un borrador, pues ella misma ha explicado que "hace unos días" el presidente Sánchez ya expresó "que era mejor" renunciar a crear una Comisión con un grupo reducido de ministros ya que el "ámbito natural" de estas decisiones debía ser el Consejo de Ministros, pues los programas y reformas afectan a la totalidad de los departamentos.

En la 'non nata' Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia estarba prevista la participación de diez ministerios de la órbita del PSOE (Asuntos Económicos; Transición Ecológica; Hacienda; Transportes; Educación; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura; Ciencia y Sanidad) y una de Unidas Podemos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Anticipos de hasta el 50%

La aprobación del nuevo decreto por parte del Consejo de Ministros no está prevista hasta después del 11 de diciembre, fecha en que se celebrará el Consejo Europeo de fin de la presidencia semestral de Alemania. La aprobación del decreto español debe ser posterior, en todo caso, a la del Reglamento que debe sacar adelante el Parlamento Europeo sobre el Fondo de Reconstrucción.

El Gobierno elaborará una programación anual de proyectos, que podrán recibir anticipos de hasta el 50% de su importe en la fase preparatorioa. Se recuperará la figura de las agencias estatales, para agilizar la gestión. Se reducirán a a la mitad los plazos de tramitación. Se limita a cinco días el plazo para la fiscalización de las operaciones, que corresponderá a la Intervención General del Estado. Y se creará un portal web que también actuará como ventanilla única para la solicitud y tramitación de los procedimientos.

Otra de las novedades más importantes del decreto, es la introducción de una nueva figura de colaboración público privada, los bautizados como "proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica" ('Perte'), para canalizar los proyectos de carácter estratégico de forma ágil. Esta figura se diseña con vocación de permanencia, más allá de la gestión de los fondos europeos, "para incluir en nuestro ordenamiento nuevos instrumentos de colaboración público privada que permitan una gestión ágil", según el borrador

Órganos de gobernanza

En cuanto a los nuevos órganos de gobernanza, por debajo del órgano de gobernanza de los ministros, en un segundo nivel, el Comité Técnico prestará soporte a los trabajos de la Comisión.

Además, se constituirá una Unidad de Seguimiento, a partir del Departamento de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, que dirige Manuel de la Rocha, que también se encargará de las relaciones con el sector privado. Según el borrador normativo, esta unidad, que proporcionará información continua al Presidente del Gobierno, realizará "un seguimiento político y estratégico" del Plan, en coherencia con las reformas estructurales programadas.

Además, el decreto prevé la puesta en marcha de foros y consejos consultivos de alto nivel en los principales sectores implicados en el plan. Dichos foros servirán de espacios de debate, información, asesoramiento y seguimiento de los programas y proyectos en los que participarán los departamentos ministeriales al más alto nivel, junto a representantes del sector privado, agentes sociales, colectivos y sociedad civil.