La paciencia de los ayuntamientos turísticos y de hoteleros del sur de Gran Canaria se ha terminado. El miedo a que la crisis migratoria tire por tierra la recuperación económica del Archipiélago ha llevado a la patronal turística y a las administraciones locales de Mogán y de San Bartolomé de Tirajana a dar un ultimátum al Estado: los inmigrantes tienen que estar fuera de los hoteles canarios antes del 31 de diciembre. Así lo han anunciado este jueves la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de turismo de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, y el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, junto al vocal de La Federación de Empresarios de Hosteleria y Turismo de Las Palmas, Nicolás Villalobos, en una rueda de prensa en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

Hasta el momento, el Estado ha recurrido a los hoteles y complejos turísticos para alojar a 6.000 inmigrantes de los más de 19.000 que han llegado este año a las costas canarias. En Mogán y San Bartolomé de Tirajana hay 16 complejos ocupados no solo por migrantes adultos, sino también por 500 menores no acompañados y por 90 personas positivas en Covid. En principio, esta se planteaba como una solución de emergencia, pero la patronal turística denuncia que ya son más de tres meses de "solidaridad". "No podemos seguir resolviendo el problema los municipios turísticos", denunció Bueno, quien además reclamó al Gobierno de España que asuma sus competencias y utilice los 300.000 euros que, según dijo, se gasta diariamente en mantener a los migrantes en los complejos.

Un dinero que reclaman que se utilice para desplegar las 7.000 camas que los ministros del Estado han prometido en sus visitas a Canarias. La primera edil de Mogán aseguró que si el 31 de diciembre -fecha en la que termina los acuerdos firmados entre los diez hoteles de su municipio y el Ministerio de Migraciones- no se ha solucionado esta situación, su ayuntamiento se dirigirá a los hoteles para advertirles de que deberán cesar en esta actividad, ya que, de lo contrario, se les abrirá un expediente sancionador, "tal y como recoge la ley de suelo".

Villalobos aseguró que existen turoperadores a los que esta situación les preocupa, e incluso advirtió de que algunos anuncian que si la situación no cambia en las Islas derivarán a los turistas a otros destinos. Esto ya ocurrió en Lesbos o Lampedusa, que "desaparecieron de los circuitos turísticos", recordó.