En una comparecencia sin preguntas de los periodistas, el vicepresidente con funciones de 'president', Pere Aragonès, y la 'consellera' de Presidencia y portavoz, Meritxell Budó, han confirmado que el Consell Executiu ha acordado este viernes retrasar la fecha de las elecciones del 14 de febrero al 30 de mayo, mediante un decreto.

Aragonès y Budó han asegurado que pese a que el Govern lo tenía "todo a punto" para celebrar los comicios el 14F, la evolución de la pandemia hacía que mantener la convocatoria se convertía en un "riesgo inasumible". Según Aragonès, la decisión ha sido muy "meditada y razonada". El vicepresidente ha pedido evitar el cáculo electoral y se ha felicitado por la actitud "responsable" de los partidos a la hora de tomar la decisión.

La base legal

A la espera del detalle del decreto, la portavoz Meritxell Budó ha citado los precedentes: un informe de la Comissió Jurídica Assessora favorable a la posibilidad de posponer la fecha, y un hecho: que el decreto de convocatoria del 14F ya preveía la eventualidad de prorrogar la fecha. También ha citado la existencia de un informe favorable de los servicios jurídicos del Govern así como la posición favorable del Síndic de Greuges y de la mayoría de partidos. Respecto a si existían las condiciones para llevar a cabo las elecciones, la portavoz ha afirmado que según la 'conselleria' de Exteriores y Participación, "las medidas adoptadas son insuficientes para la plena garantía de la protección de la salud de la ciudadanía".

Sobre el decreto de cambio de fecha, Budó ha afirmado que incorpora la modificación del censo y ha expresado la voluntad del Govern de facilitar al máximo los procedimientos ya realizados de cara al 14F con la "convalidación" de actas que sea necesario.

Reunión en el Parlament

Esta mañana el Govern y todos los partidos, salvo el PSC, han llegado a un acuerdo sobre el retraso electoral. Según fuentes presentes en la reunión entre el Govern y los partidos, la nueva fecha se ha confeccionado siguiendo la evolución de las curvas epidemiológicas -cada ola suele durar seis semanas- y teniendo en cuenta tanto el descenso de las temperaturas en primavera, como el plan de vacunación, que el 30 de mayo prevé haber alcanzado entre el 9% y el 30% de la población de Cataluña

Las candidaturas ya proclamadas para el 14-F serán válidas, pero se abre el periodo para presentar nuevas ofertas electorales. Los protocolos que diseñó la Generalitat para votar con seguridad en tiempos de COVID-19 también se mantendrán vigentes aunque se podrán retocar porque la mesa de partidos seguirá reuniéndose de forma periódica hasta el 30 de mayo.

El PSC se opone

El PSC, el partido que con más ahínco se ha opuesto a suspender el 14-FPSC, el partido que con más ahínco se ha opuesto a suspender el 14-F, ha propuesto que las elecciones tengan lugar antes de Semana Santa, en concreto, el 14 o 21 de marzo, propuesta que no ha salido adelante. "Nos oponemos al aplazamiento de las elecciones y más aún al 30 de mayo porque esta decisión no se toma en base a criterios epidemiológicos", ha espetado Miquel Iceta en rueda de prensa. "Queremos leer el decreto porque una cosa es cambiar la fecha de las elecciones y otra es cambiar las reglas del juego", ha continuado, y no ha descartado recurrir el aplazamiento aunque ha dicho que primero deberán estudiarlo con atención porque duda del encaje legal de dejar abierta la convocatoria a nuevas candidaturas. "No se pueden reabrir plazos ya agotados", ha remachado.

El resto de los partidos han aceptado la fecha propuesta por el Govern pero han subrayado que, a su juicio, el Ejecutivo catalán "no ha hecho los deberes" porque "no ha podido mantener la cita asegurando el derecho a voto y la salud de los catalanes". También ha reclamado que se incrementen los mecanismos de control al Ejecutivo durante todo este periodo hasta las urnas.

En esta decisión ha pesado el informe de predicciones del Departament de Salut que sitúa el pico de contagios y de ocupación de las ucis en las vísperas de los comicios, al tiempo que se prevé una mejora de la situación epidemiológica en mayo por el aumento de las temperaturas y el avance del plan de vacunación, que ya llevará cinco meses en marcha. Según el informe remitido a los partidos, el 14 de febrero se estima un impacto de entre 3.000 y 4.000 positivos por covid al día y entre 620 y 750 pacientes en las ucis si las restricciones decretadas hacen su efecto.

Según el Govern, estas cifras hacen evidente la necesidad de posponer las urnas pese a que no se dan los dos escenarios previstos: un confinamiento total o una restricción absoluta de la actividad social. Por una vez, y en cuanto a la necesidad de aplazar los comicios, las dos trincheras del Govern han coincidido. No así la candidata del Govern, Laura Borràs, e incluso su polémico número dos, Joan Canadell, quien defendieron (el presidente de la Cambra de Comerç mediante un tuit que después borró) la conveniencia de acudir a las urnas el 14-F.

Recado crítico de Junts al Govern

Junts ha avalado hoy la decisión de retrasar los comicios pero su portavoz Elsa Artadi ha mandado un recado crítico al Govern respecto a la necesidad de preparar mejor la cita con las urnas del 30 de mayo. "Lo que vivimos hoy es una anomalía democrática y por tanto lo que seguro que no puede pasar es que se vuelva a retrasar y que absolutamente haya garantías de que, independientemente del momento de la pandemia en el que estemos, el dispositivo esté previsto y no dependa de si estamos de subida o de bajada y que se puedan hacer estas elecciones", ha afirmado, pidiendo "nuevas herramientas y nueva normativa" si es necesario, para garantizar la celebración de los comicios. Artadi incluso ha apelado a legislación estatal para poder llevar a cabo medidas como la urna móvil o el voto en diversas jornadas.

Por su parte, ERC ha mostrado públicamente el apoyo al cambio de fechas, "de consenso de todo el Govern", según ha explicado Anna Caula, diputada republicana, que ha añadido que Esquerra ha pedido garantizar durante las próximas semanas los mecanismos de control al Govern.

Respecto a la base legal para posponer la fecha, cuestionada por el Gobierno de Pedro Sánchez, tanto los servicios jurídicos del Palau de la Generalitat como los del Parlament sostienen que no hay discusión. Es cierto, asumen, que no hay precedentes, pero añaden que tampoco los había en el caso del retraso de las elecciones vascas y gallegas. Opinan que existe un informe de la Comissió Jurídica Assessora que da el visto bueno al retraso de las urnas en circunstancias como las actuales. Y recuerdan que el decreto que firmó el vicepresidente en funciones de 'president' Pere Aragonès para convocar las elecciones el 14-F incluye la eventualidad de un retraso.

Vox, sin embargo, amaga con un recurso al aplazamiento aunque duda de que tenga encaje legal: "Si legalmente pudiéramos hacerlo, lo haríamos, pero tenemos dudas de que se atenga a la legalidad [...] Si encontrásemos un resquicio legal para recurrir, sin duda lo haríamos", ha espetado el líder de la formación ultra, Santiago Abascal, en una atención a los medios de comunicación en Barcelona.

"Sentido común"

La líder de los 'comuns', Jéssica Albiach, ha asegurado que la nueva fecha es "positiva" porque "ha ahorrado una batalla partidista". "Sí al 30 de mayo y sí a unas elecciones seguras", ha espetado en una rueda de prensa después de la mesa de partidos. "Era de sentido común aplazarlas y por eso celebramos esta convocatoria", ha continuado. Según ha dicho, el Govern ha planteado esta fecha atendiendo a la situación epidemiológica con criterios sanitarios y se ha felicitado porque es "la más cercana posible al 14-F" porque "el Govern no se aguanta".

En esta opinión ha coincidido el líder de Cs, Carlos Carrizosa, que ha subrayado en la postergación se atañe a criterios sanitarios: "Exigíamos este aplazamiento y estamos satisfechos porque creemos que hemos rendido un servicio a la sociedad, a la salud y a la integridad física de los catalanes. Nos parecía una aberración celebrar las elecciones con la actual situación sanitaria. No me imaginaba una campaña con las ucis abarrotadas, con las personas muriendo y con los ancianos en una situación como la de la primera ola", ha insistido.

"No se ha debatido ni votado nada. El Govern ha llegado con dos decisiones ya tomadas: el aplazamiento y la decisión de celebrarlas el 30 de mayo", ha reprochado en cambio el dirigente del PPC, Daniel Serrano.

La CUP, la primera fuerza en pedir públicamente el aplazamiento, también se ha congratulado por la decisión y por el acuerdo alcanzado: "No se puede permitir ningún espacio a la duda de que las decisiones se tomen por criterios electoralistas y no por criterios objetivables de salud pública", ha destacado Carles Riera.