La fecha establecida por los tribunales de justicia para la devolución de las 111 piezas del patrimonio de las parroquias de la zona oriental de Aragón, el próximo 15 de febrero, mantiene vivo un conflicto iniciado hace 25 años que Cataluña interpreta como un ataque más político que judicial a sus intereses y que en la comunidad aragonesa se ve como "una simple cuestión de justicia".

Un conflicto que tiene sus orígenes en el ajuste de los límites diocesanos de los obispados de Barbastro y Lérida a los políticos y administrativos, en junio de 1995, y en la voz de alerta que dio dos años después el párroco del pequeño núcleo de Capella (Huesca) al destapar, en una rueda de prensa convocada por otros motivos, el enfrentamiento que se había abierto entre ambas diócesis.

Este párroco denunció públicamente la "actitud antievangélica" del entonces obispo de Lérida, Ramón Malla, por las dificultades que planteaba al cumplimiento del decreto del Vaticano de ajuste de los referidos límites en relación a la necesidad de devolver el patrimonio histórico artístico de las parroquias segregadas.

Desde entonces, océanos de tinta han narrado el largo y tortuoso camino seguido desde Aragón en los tribunales, primero en los religiosos y luego en los civiles, para conseguir el retorno de unas piezas cuya titularidad aragonesa no se discute ya, sólo su lugar de ubicación.

El decreto vaticano que ordenó la devolución de los bienes fue recurrido por la Diócesis de Lérida ante el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, que lo rechazó hasta en tres ocasiones, en 1997, 2001 y 2007 en otras tantas resoluciones que confirmaron de forma insistente otras instancias eclesiásticas como el Tribunal de la Rota y la Congregación de Obispos de Roma.

Una orden, por otra parte, que los sucesivos obispos de la diócesis catalana han asegurado de forma reiterada no poder cumplir al estar incluidos los bienes reclamados en el patrimonio histórico de Cataluña, bajo la tutela del consorcio del Museo de Lérida.

Lo cierto es que poco después de hacerse público el litigio, en 1997, la Generalitat inició el proceso de catalogación de todas las piezas procedentes de las parroquias aragonesas depositadas en el referido museo, hasta entonces de titularidad eclesial.

El proceso de catalogación culminó en marzo de 1999, y sólo dos meses después se constituyó un consorcio junto a la Generalitat y al ayuntamiento y diputación de Lérida para la gestión del museo, al que el obispo cedió los bienes para su custodia. Desde entonces, en respuesta a las reiteradas peticiones de cumplimiento de las sentencias vaticanas, el Gobierno catalán ha insistido en que los bienes en litigio conforman una colección indisoluble de su patrimonio cultural y no pueden ser devueltos.

En respuesta a esta posición, el letrado especialista en cuestiones de patrimonio Jorge Español diseñó una estrategia judicial que llevó al Gobierno aragonés en 2010 a catalogar los bienes depositados en Lérida como Bienes de Interés Cultural (BIC) de su propio patrimonio.

Estas catalogaciones, a las que se sumaron otros municipios altoaragoneses cuyos bienes también fueron trasladados a Lérida, fueron recurridas rápida e insistentemente por la Generalitat Catalana, que no pudo impedir, sin embargo, que fueran confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y unos meses después por el Supremo.

Finalmente, debido a la ineficacia de las negociaciones llevadas a cabo desde las instancias eclesiásticas, el actual obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, tomó la decisión de activar una demanda civil para reclamar la devolución de las piezas, una cuestión que ha considerado de "dignidad y justicia".

El juicio por estos hechos reunió en mayo de 2019 a los titulares actuales de ambas diócesis, los obispos de Barbastro y de Lérida, que en un giro inesperado para su homólogo aragonés afirmó, por primera vez desde el inicio del conflicto, que una parte de los bienes eran de propiedad de su obispado, las más valiosas.

Entre las piezas más significativas a devolver figuran los frontales de San Hilario de Buira y San Vicente de Tresserra, dos pinturas románicas del siglo XIII de gran valor artístico, un talla gótica de la Virgen de Zaidín, una arqueta procedente de Buira (s.XIV) o un bol del siglo XIV procedente de Benavente con inscripciones árabes.

En paralelo a este conflicto se han desarrollado otros dos, éstos exclusivamente en los tribunales civiles, por las supuestas ventas de piezas del patrimonio del Monasterio de Sijena a la Generalitat entre 1983 y 1994, y por el arrancado y traslado a Cataluña de las valiosas pinturas murales de la Sala Capitular del cenobio durante la Guerra Civil.

El litigio por las 97 piezas supuestamente vendidas a la Generalitat catalana, ya trasladadas a Sijena desde el Museo de Lérida por orden judicial y con la custodia de la Guardia Civil, ha terminado en principio su recorrido en los tribunales con la sentencia que hizo pública esta semana el Supremo para confirmar que pertenecen a Sijena.

Las instituciones aragonesas confían también en que las pinturas murales de Sijena no tarden mucho tiempo en regresar a sus paredes de origen, después de las sentencias del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Huesca y de la Audiencia oscense que ordenan su devolución a Aragón.

Sin embargo, la jueza que resolvió el caso en primera instancia ha negado hasta en dos ocasiones llevar a cabo la ejecución provisional de la sentencia hasta que se produzca un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo debido a la extrema fragilidad de las pinturas y a la posibilidad de que tuvieran que regresar a Cataluña si su decisión inicial fuera revocada.