El aplazamiento de las elecciones catalanas decretado por el Govern, pactado previamente con todos los partidos del arco parlamentario salvo el PSC, ya ha llegado a los tribunales. La sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tiene cuatro recursos sobre la mesa contra la decisión de postergar las elecciones, previstas ahora para el 30 de mayo: tres de partidos políticos (entre ellos, PACMA y Lliga Democràtica) y otra de un particular con petición de medidas cautelarísimas, lo que obliga al tribunal a pronunciarse de forma urgente sin esperar a conocer el posicionamiento del Govern. Si el tribunal las acepta, se suspenderá el decreto de inmediato y el proceso electoral deberá continuar hasta su celebración el 14 de febrero.

La primera impugnación la presentó PACMA antes de que se acordara la suspensión de los comicios del 14 de febrero. La admisión a trámite es obligada siempre que el escrito esté correcto en forma y cumpla con los requisitos necesarios, ha informado el TSJC.

Lliga Democràtica ha presentado este lunes su recurso, después de decidir que no correrá la carrera electoral tras haber fracasado su intento de acuerdo con el PSC, alegando que “acomodar la celebración de los comicios y la formación del nuevo gobierno a intereses electorales poniendo como excusa la pandemia es, en estas circunstancias, una enorme irresponsabilidad que ocasiona un agravio inasumible al conjunto de los ciudadanos de Cataluña y a su economía”.

En un comunicado, señalan que “se suspende la democracia”, por lo que el aplazamiento “constituye un abuso de poder inaceptable por parte de un gobierno en funciones” porque el 'vicepresident' con funciones de 'president' del Govern, Pere Aragonès, "no tiene atribuciones para dejar sin efecto una convocatoria electoral y mucho menos para volver a convocar elecciones cuando considere que se dan las circunstancias oportunas".

Más allá de estas dos formaciones extraparlamentarias, también impugnarán la postergación Federalistes d'Esquerres y Izquierdas en Positivo a lo largo del día de hoy. El PSC no ha aclarado aún si interpondrá un recurso contra el decreto de aplazamiento "si cambian las reglas del juego" para el 30 de mayo porque está pendiente de analizar los informes jurídicos que han encargado a varios expertos, al tiempo que el PNC y Vox han dejado la puerta abierta a acudir a los tribunales si encuentra algún "resquicio legal".

En plano económico, las patronales de Foment del Treball y Pimec están celebrando sendas reuniones extraordinarias para fijar su posicionamiento y no descartan encarar también la vía judicial.

Aragonès ha defendido este lunes la cobertura legal que considera que tiene el aplazamiento de las elecciones del 14 de febrero y ha pedido "responsabilidad" a los partidos catalanes para no presentar recursos contra el decreto que pospone los comicios. En el Encuentro Digital organizado por Europa Press, ha defendido que los partidos son "libres" de presentar un recurso, pero ha insistido en que deben ser responsables y ha recalcado que la decisión se tomó con un amplio consenso entre los partidos catalanes, también en los planes diseñados por la Generalitat para garantizar las elecciones.

El PSC suspende su campaña electoral

La portavoz del PSC, Eva Granados, ha anunciado en una rueda de prensa telemática que el PSC suspende su campaña electoral y ha pedido al resto de fuerzas políticas que hagan lo mismo “para no contribuir a hacer más grande el embrollo que ha generado el candidato de ERC Pere Aragonès de suspender las elecciones ya convocadas”. “En un país serio las elecciones se hacen cuando tocan, y si hay algún criterio sanitario se hace un aplazamiento técnica para evitar la tercera ola o el lío generado en Cataluña ”, ha espetado tras una reunión extraordinaria del comité electoral del partido. “No han querido hacer elecciones por motivos electoralistas”, ha remachado.

Los socialistas ya dejaron la puerta abierta a un posible recurso el viernes, tras la reunión entre el Govern y los partidos, porque pese a estar de acuerdo finalmente con un aplazamiento tras haber mostrado sus reticencias, rechazan que se alargue el proceso electoral hasta el 30 de mayo. Su propuesta, que no recabó los apoyos necesarios, pasaba por votar antes de la Semana Santa, el 14 o el 21 de marzo.

Granados ha insistido en que el ministro de Salud, Salvador Illa, seguirá al frente de su cargo hasta que empiece a campaña electoral.