El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condenó a 133 años y cuatro meses de prisión al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Montano como responsable de los asesinatos de cinco jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.

Apenas cinco meses después de que la Audiencia Nacional sentenciase al único dirigente militar juzgado en España por estos hechos, la Sala de lo Penal del Supremo ha ratificado la resolución al desestimar el recurso presentado por la defensa del excoronel, que permanece en prisión desde 2017.

De 78 años y con un delicado estado de salud, Montano fue condenado como responsable de cinco asesinatos de carácter terrorista.

La sentencia, que llegó 32 años después de la matanza, consideró probado que los asesinatos fue urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía y del que formaba parte Montano, "quien participó en la decisión y junto a otros cuatro miembros de dicho Alto Mando, transmitió la orden de realizar las ejecuciones".

Al ver amenazada su situación de poder y de control ante la ofensiva desarrollada en noviembre de 1989 por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FLMN), el Alto Mando decidió ejecutar a Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad y quien de forma más intensa intentaba llevar a las dos partes en conflicto a la paz, mediante el diálogo y la negociación.

Siguiendo un plan preconcebido, dieron la orden directa, personal y ejecutiva al coronel Guillermo Benavides -único condenado en El Salvador- de ejecutar al jesuita "sin dejar testigos vivos de ello", y pusieron bajo su mando a cuarenta soldados del batallón de élite Atlacatl, entrenados por el ejército de los Estados Unidos, fuertemente armados y equipados, por orden del mismo Alto Mando, a través del Jefe de Estado Mayor.

Fue, deja claro el Supremo, una decisión "tan grave" como la de "ejecutar con el propio instrumento de seguridad del Estado", es decir, se adoptó "desde el poder establecido y utilizando 'las armas del poder' frente a unas víctimas absolutamente indefensas a las que matan por unos teóricos ideales que tenían, y/o relacionándolos con movimientos de resistencia pública" y que "nada pudieron hacer para defenderse".

En el fondo subyacía el papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil, que les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios, y dentro de la Iglesia, se enfocó especialmente en la figura de Ellacuría.

Como ocurrió con la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo ha dictado una contundente sentencia donde afirma que el Alto mando utilizó "el aparato del Estado para llevar a cabo una auténtica ejecución civil de ciudadanos para crear una apariencia ante la sociedad de que actuaban contra el Estado".

Pero en realidad -prosigue- lo que se perpetró fue "un auténtico asesinato con modalidad amparada en el 'terrorismo de Estado' para alterar en realidad la convivencia social y llevar a cabo 'crímenes de Estado'".

Fue "un acto alevoso tendente a asegurar el crimen y a evitar cualquier opción de defensa" desde el mismo momento en que el Alto Mando de las Fuerzas Armadas "participó en la decisión de ordenar" asesinar tanto a Ellacuría como a los que se encontrasen allí, sin importar quienes, para que no hubiera testigos.

Las víctimas, que se encontraban durmiendo cuando fueron a asesinarlas, no tuvieron ninguna capacidad de defensa. No eran parte del conflicto armado, subraya el Supremo, de modo que el crimen "fue más allá de la gravedad y consecuencias del atentado" contra su vida "pues pretendía aniquilar las esperanzas de paz de toda una sociedad, hostigada después de diez años de guerra interna".

El tribunal destaca que Montano, en prisión desde 2017, estuvo presente en todas las reuniones donde se decidieron los asesinatos y señala que los cuerpos de seguridad dependían directamente de él, al tiempo que rechaza que concurra la eximente de estado de necesidad o miedo insuperable.

Mientras, en El Salvador la Corte Suprema ha cerrado recientemente la causa penal contra el resto de los autores intelectuales a los que señala la sentencia española -dictada en virtud del principio de justicia universal-. La Fiscalía ha recurrido la decisión y ha pedido la recusación de los magistrados que acordaron el archivo.