El Tribunal Constitucional se ha visto obligado a volver a aplazar la resolución del primer recurso presentado contra la sentencia del procés. En el pleno que comienza este martes está previsto que resuelva la recusación presentada contra el magistrado Antonio Narváez por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y nueve de los 12 condenados por el Supremo, pero no el recurso de Meritxell Borràs, informaron a este diario fuentes del tribunal de garantías.
La explicación es el retraso a la hora de dictar sentencias en ciertos asuntos, por su especial dificultad que acumula el tribunal de garantías. Ese fue el motivo por el que el primer recurso contra el fallo del 'procés' ya se retrasó de enero a febrero si haberse llegado a abordar en el pleno, cuando se preveía que respaldara el criterio del Tribunal Supremo a la hora de juzgar a los líderes independentistas.
El Constitucional había calculado que el primer recurso, el de Borràs, se resolviera en enero y el de Carles Mundó, en febrero, por ser los más sencillos, y así progresivamente hasta que le llegara el turno al más complejo, el del líder de ERC Oriol Junqueras, antes del verano. Sin embargo, la dificultad de los asuntos que lleva entre manos y de los propios recursos del 'procés' ha obligado a incumplir esa previsión tan optimista.
Sin recusar
Además, ambos recursos se podían resolver sin hacerlo con la recusación del magistrado Antonio Narváez, que junto a Cándido Conde-Pumpido, coordinaba la resolución de las numerosas impugnaciones del 'procés', porque Borràs y Mundó eran los únicos que no habían cuestionado su imparcialidad por una conferencia que impartió en Granada en 2017 en la que calificó de "golpe de Estado encubierto" lo ocurrido en Catalunya ese otoño.
Al final el incidente para apartarle va a resolverse antes que sus recursos contra la sentencia, porque está previsto que se aborde en el pleno de este mes, mientras que los recursos contra la sentencia no se esperan antes del pleno de marzo. De esta forma también se neutralizaría cualquier crítica que pueda venir de instancias europeas a sus futuras resoluciones.
