La Audiencia de Barcelona cree que el supuesto "pelotazo" atribuido al exconseller de ERC Xavier Vendrell en la recalificación urbanística de 'Villa Bugatti', cuyo valor pasó de 5 a 10 millones, pudo ir más allá del lucro personal y cree que pudo destinarse a mantener una "estructura clandestina" independentista.
Así lo sostiene la sección 21 de la Audiencia de Barcelona en dos autos, a los que ha tenido acceso Efe, en los que descarta desgajar las piezas del caso Volhov, en el que el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona investiga a los empresarios y excargos de CDC y ERC David Madí y Xavier Vendrell, entre otros, por el presunto desvío de fondos públicos a Waterloo (Bélgica).
El tribunal ha desestimado los recursos de algunos de los detenidos en la última fase de la operación Volhov, entre ellos el empresario Oriol Soler, y avala la "conexidad" de las distintas piezas de la causa, iniciada por un supuesto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a fundaciones afines a CDC y que acabó centrándose en los negocios de miembros del llamado "estat major" que organizó el 1-O.
Para el tribunal, las distintas piezas de este caso las debe seguir instruyendo el mismo juez, porque no hay duda de que los delitos que se investigan en la pieza principal y en la separada son conexos, ya que en ambas se indaga un delito de blanqueo "con la probable finalidad de subvenir fondos económicos con los que mantener la estructura independentista en su vertiente ilícita".
Según la sala, al ser delitos conexos deben ser inicialmente instruidos y enjuiciados en la misma causa, ya que la investigación y la prueba en el conjunto de los hechos "resultan convenientes para el esclarecimiento y determinación de las responsabilidades procedentes", sin que ello suponga una "excesiva complejidad o dilación" para el proceso.
En este sentido, pone como ejemplo que en el caso del supuesto pelotazo en la masía de Villa Bugatti, situada en Cabrera de Mar (Barcelona), "no pueden descartarse motivos ajenos al lucro personal" en su recalificación, que permitió que su valor pudiera pasar de 5 a 10 millones de euros.
Según la Audiencia, pese a que la ganancia por este supuesto "pelotazo" beneficiaría "directamente" al exconseller de ERC Xavier Vendrell y su socio, como promotores del proyecto, "indirectamente podría beneficiar a otros investigados en la pieza principal o en las separadas", para procurar la "financiación necesaria" que permitiese mantener la "estructura clandestina o ilegal que se investiga en la causa".
En este sentido, el tribunal insiste en que, más allá de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación urbanística por el supuesto "pelotazo" de Villa Bugatti, en el caso de Vendrell no se descarta su "cooperación necesaria" en el desvío de fondos públicos a través de subvenciones y contrataciones ilegales.
Por este motivo, la Audiencia rechaza que el supuesto pelotazo de Villa Buggati pase por el momento a un juzgado de Mataró (Barcelona), como habían pedido Vendrell y el exconcejal de Urbanismo de Cabrera Enric Mir (ERC), porque además ello "podría dividir la continencia de la causa".
La sala remarca además que los actos desplegados por Vendrell "a fin de influir" en los ediles de Cabrera para obtener la "irregular calificación urbanística" de Villa Bugatti no se han realizado en Mataró, ya que "al menos una parte no desdeñable" se han llevado a cabo desde la distancia o telemáticamente.
De hecho, la Audiencia recuerda que en la causa se sospecha que Vendrell ejerció supuestamente su influencia mediante sus contactos con los consellers de Territorio, Damià Calvet (JxCat), y de Educación, Josep Bargalló (ERC), así como con el alcalde y el concejal de urbanismo de Cabrera de Mar.
La Audiencia también rechaza la pretensión del empresario Oriol Soler de que su caso pase a manos de otro juez, al desestimar su recurso en que denunciaba que su investigación se abrió a raíz de un "hallazgo casual" por las conversaciones gravadas en los dispositivos hallados a Víctor Tarradellas, el principal imputado en la pieza que dio origen al procedimiento.
Según Soler, los delitos relativos a los desvíos de fondos a Catmon e Igman no tienen nada que ver con la causa en su contra, por lo que los debería investigar un juez distinto.
La Audiencia desestima esta pretensión porque considera que se trata de delitos conexos derivados de la corrupción y atribuidos a los investigados en la causa.
