El enfrentamiento entre PSOE y Unidas Podemos se ha enconado esta semana en torno a tres leyes que promueven la igualdad y la no discriminación. El acuerdo de coalición señala que el Gobierno se compromete a aprobar esta legislatura la ley integral para la igualdad de trato, la ley contra la discriminación de las personas LGTBI y una ley trans que «trabaje de forma efectiva para erradicar las formas de discriminación hacia estas personas». ¿Son necesarias tres leyes? A ello responde Mané Fernández, vicepresidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), quien señala que «las tres son necesarias, cada una en su especificidad, porque no hay legislación nacional respecto al colectivo».
El borrador de ley que ha elaborado el Ministerio de Igualdad, capitaneado por Irene Montero, recoge una reivindicación histórica de las personas trans: la llamada despatologización o autodeterminación de género, es decir, poder cambiar de nombre y sexo en el DNI a partir de los 16 años sin aval médico y dos años de hormonación. Doce leyes autonómicas permiten el cambio de nombre en documentos públicos sin informes médicos, una situación amparada por el Tribunal Supremo y el Constitucional, según defienden en Igualdad.
No obstante, el PSOE rechaza que «los sentimientos, expresiones o manifestaciones de voluntad de una persona tengan automáticamente efectos jurídicos plenos», y aboga por que el cambio de sexo registral se produzca cuando haya una «situación estable de transexualidad». Los socialistas recogen así el sentir de una parte del movimiento feminista, que teme que si el género sustituye al sexo se desdibuje la desigualdad estructural basada en el hecho biológico.
La ley trans también contempla que estas personas puedan acceder a técnicas de reproducción asistida; que los menores de edad, si así lo desean (no es un requisito imprescindible para cambiar de nombre), puedan recibir un tratamiento hormonal para favorecer su desarrollo conforme al sexo deseado, y políticas activas para lograr la inserción laboral del colectivo.
La ley de igualdad de trato y no discriminación -que los socialistas han bautizado como ley Zerolo porque Pedro Zerolo, fallecido de cáncer en 2015, fue uno de sus impulsores- es una norma antidiscriminatoria en general, que traspone directivas que estaban pendientes, según ha argumentado Carmen Calvo en defensa de la norma, desde el 2000. Es una propuesta que se ha tramitado varias veces en el Congreso, pero que no ha visto la luz. En esta ocasión, el PSOE la ha presentado como proposición de ley en solitario, lo que ha enervado a Unidas Podemos, que perseguía un texto consensuado, por lo que se abstuvo el martes en la votación sobre su admisión a trámite, que salió aun así adelante.
La ley contempla que nadie pueda ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es decir, no es una ley destinada únicamente al colectivo LGTBI, sino también para evitar situaciones de racismo o aporofobia. La norma crea la Autoridad para la Igualdad de Trato, que podrá investigar de oficio la discriminación e incorpora multas de 300 a 500.000 euros. Además, incluye medidas para evitar la discriminación laboral, en el acceso a la vivienda y en el ámbito educativo.
Esta ley está destinada a evitar las discriminaciones exclusivamente por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. El borrador redactado por Igualdad prohíbe la práctica de terapias de conversión, incluso con el consentimiento de las personas interesadas o de sus representantes legales.
Asimismo, se reconoce el derecho del colectivo LGTBI a la reproducción asistida, implanta la figura del comisionado, nombrado por las Cortes y que puede investigar situaciones de discriminación, y crea un centro de memoria histórica, que albergará fondos documentales sobre el movimiento y promoverá la edición de publicaciones.
La ley reconoce además la violencia en el seno de parejas del mismo sexo, con medidas de apoyo a las víctimas, igual que para los afectados por LGTBIfobia. Y para las personas intersexuales, aquellas que nacen con órganos masculinos y femeninos, se establece la posibilidad de que la mención del sexo figure en blanco durante un año en la inscripción del nacimiento, para dar tiempo a los progenitores a tener un mayor conocimiento del sexo al que pertenecerá el bebé. Además, se prohíbe la modificación genital en personas intersexuales recién nacidas, salvo por indicación médica.
