La tramitación del suplicatorio de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí ha superado su primer filtro este martes con la aprobación en la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo del informe que recomienda levantarles la inmunidad. El documento, cuyo ponente es el ultraconservador búlgaro Angel Dhambazki, ha recibido 15 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, según ha anunciado el presidente de la comisión, Adrián Vázquez (Ciudadanos). El siguiente paso será la decisión final en el pleno de la Eurocámara durante la sesión plenaria que comenzará el 8 de marzo. Si se aprueba -se requiere una mayoría simple- supondrá la retirada de la inmunidad parlamentaria y la reactivación de la euroorden contra el 'expresident'.

"Los eurodiputados no pierden su estatus de eurodiputados. Simplemente lo que hace el procedimiento de inmunidad cuando se levanta es que el Parlamento, si es ratificado en pleno, da la notificación al Estado miembro de que estos eurodiputados pueden ser o investigados o llevados a juicio", ha explicado Vázquez sobre la situación en la que quedarán los tres políticos catalanes si el pleno refrenda la recomendación. Es decir, aunque no perderán su condición de eurodiputados, el respaldo permitirá al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, reactivar los procedimientos de extradición que quedaron congelados en Bélgica y Escocia en cuanto fueron designados eurodiputados.

Un proceso que, a tenor del precedente sentado el pasado 7 de enero en el caso del 'exconseller' de Cultura, Lluís Puig, podría deparar sorpresas. El Tribunal de Apelaciones de Bruselas ya rechazó la entrega a España de Puig, reclamado por malversación de fondos públicos en relación con el 1-O y cuya euroorden no quedó congelada por no tener inmunidad parlamentaria. Los argumentos, los mismos que esgrimieron los tres eurodiputados de JxCat durante la audiencia que protagonizaron a mediados de enero en la comisión de asuntos jurídicos. Es decir, que el Supremo no es el órgano competente para juzgarles por el 1-O y que existe el riesgo de vulneración del derecho a la presunción de inocencia, según explicaron fuentes de la defensa.

Avalada la tesis del ponente

Estos argumentos no han cuajado entre la mayoría de la comisión de asuntos jurídicos que ha apoyado las tesis del ponente. Es decir, que los hechos por los que se pide el suplicatorio ocurrieron antes de que fueran eurodiputados y que, por tanto, no tienen ninguna relación con su actividad como miembros del Parlamento Europeo. Para aprobar el informe bastaba con el apoyo de los cuatro grandes grupos políticos a los que pertenecen PP, PSOE, Cs y Vox de la Eurocámara que suman 18 de los 25 votos de la comisión de asuntos jurídicos frente a los 7 que suman el grupo de ultraderecha Identidad y Democracia, los Verdes/ALE, la Izquierda así como un miembro de no inscritos.

Finalmente, el resultado de la votación, de carácter secreto, ha sido algo más exiguo, aunque sigue "soportado por una mayoría más que suficiente de miembros de la comisión y todo hace entrever que será algo similar lo que vaya a ocurrir en el próximo pleno del Parlamento Europeo", ha valorado el eurodiputado socialista Iban García del Blanco, que ha explicado que los dos socialistas presentes en la comisión han votado a favor del levantamiento de la inmunidad. Lo mismo que ha hecho Vázquez y los dos diputados del PP, Esteban González Pons y Javier Zarzalejos.

Entre los eurodiputados que se han puesto está la eurodiputada de Francia Insumisa y copresidenta de la Izquierda, Manon Aubry. "Para mí se trata de un caso de fumus persecutionis. Así que me posiciono a favor de la democracia y en contra de levantar la inmunidad. Espero que el resto del Parlamento Europeo escuche estos argumentos", ha explicado a El Periódico de Catalunya. "Nuestro papel como miembros del Parlamento Europeo es proteger a nuestros miembros, estemos de acuerdo o no. Si hay un miembro del Parlamento Europeo atacado por sus posiciones tenemos que defenderle y por eso nuestro grupo se mantendrá a favor de la democracia. Creo que los Verdes también así que al menos seremos dos grupos. El resto tendrán que decidir si quieren entrar en un debate nacional o si nos mantenemos como un parlamento supranacional a favor de la democracia", ha explicado sobre el caso "más político" que han examinado en la comisión de asuntos jurídicos.

Retrasos y confidencialidad

El proceso lanzado hace más de un año por el Supremo ha estado plagado de altibajos. En primer lugar porque la irrupción de la pandemia de COVID-19 obligó a la institución europea a paralizar la tramitación de todas las solicitudes durante meses. El procedimiento no se reactivó hasta finales del año pasado, hasta que hubo garantías de los servicios jurídicos y técnicos, de que el procedimiento telemático garantizaba la confidencialidad.

Aunque las reglas sobre el levantamiento de inmunidades recogen que el respeto a la confidencialidad debe mantenerse, el popular Esteban González Pons reveló tras la audiencia con los tres eurodiputados catalanes en enero que su grupo ya tenía clara suposición y que había una “clara mayoría” a favor de conceder el suplicatorio “porque este no es un juicio político, es un juicio jurídico”, dijo entonces.

A estos comentarios se sumó la semana pasada la filtración del informe. Algo que no cambia el sentido del informe pero que ha generado malestar y varias quejas, entre ellas las del presidente de la comisión de asuntos jurídicos, Adrián Vázquez (Cs), que anunció este lunes su intención de escribir al presidente de la Eurocámara, David Sassoli, solicitando una investigación sobre “las supuestas filtraciones de información confidencial que se produjeron la semana pasada en relación con los expedientes de los señores Puigdemont, Comín y Ponsatí”, explicó sobre la información avanzada por el diario ‘Abc’.