La Asociación para la Memoria Histórica (ARMH) ha revelado que la Fiscalía General del Estado ha remitido al Gobierno la denuncia sobre la posible ocupación ilegal del Valle de los Caídos, desde el 2 de octubre de 2020, por lo que la permanencia de los monjes benedictinos está en manos del Ejecutivo.
En un comunicado, esta asociación explica que el convenio entre el Estado y la abadía benedictina de Silos de 1958, que autorizaba a esta congregación permanecer en el enclave, no se ha renovado después de cuatro años, según obliga la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, unos hechos que denunció ante la Fiscalía.
Pero el Ministerio Público ha remitido la documentación a Patrimonio Nacional, organismo que se encuentra dentro de las competencias del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de la que es titular Carmen Calvo.
De esta forma, ahora es el Gobierno el que tiene que decidir si desaloja el Valle de los Caídos y ordena a la comunidad benedictina que lo abandone o redacte un nuevo convenio, "algo que iría contra su promesa de convertir el lugar en un cementerio civil", señala la asociación, que está descontenta con la actuación de la Fiscalía.
“Nosotros ya remitimos a la vicepresidente Carmen Calvo la documentación por registro oficial y no fuimos a la Fiscalía para que actúe como un servicio de mensajería, sino para que persiga el incumplimiento de la ley”, denuncia la asociación.
La ARMH expone que esta la ley incluye la prórroga automática de los convenios indefinidos, como el que afecta al Valle de los Caídos, y daba un plazo de cuatro años a partir de su entrada en vigor para que fueran renovados; en caso contrario, quedarían extinguidos el 2 de octubre de 2020.
Al no haberse producido tal actualización, la asociación entiende que la comunidad benedictina debería haber abandonado ya el Valle de los Caídos y por ello, al no haberlo hecho, su estancia debe ser considerada ilegal por el Gobierno.
