La violencia callejera desatada tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél traspasó este sábado todas las líneas rojas. La gravedad de los disturbios quedó representada en las imágenes del saqueo de comercios y hoteles y la quema de un furgón de la Guardia Urbana con un agente dentro en pleno centro de Barcelona. La noche de altercados, que acabó con 14 detenidos (dos de ellos menores), y el hecho de que el nivel de violencia vaya in crescendo unió ayer en la repulsa a todas las autoridades políticas, a todos los sindicatos policiales y al conjunto de empresarios y comerciantes. La condena general ha puesto en el punto de mira a la CUP, convocante de la protesta y la fuerza que respondió con más tibieza a estos incidentes, pero por el momento no parece que vaya a afectar a las negociaciones del futuro Govern catalán. Las patronales del comercio alertan de que la situación es insostenible en el centro de la ciudad.
Ante el salto exponencial que supusieron los disturbios del sábado, los máximos representantes de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona (el ‘president’ en funciones, Pere Aragonès; el ‘conseller’ de Interior, Miquel Sàmper, y la alcaldesa Ada Colau) se reunirán esta tarde para coordinar las medidas de prevención, después de casi dos semanas de altercados.
Los tres manifestaron con rotundidad que el grado de violencia, que incluyó el ataque a la comisaría de la Guardia Urbana en la Rambla, supera con creces el legítimo derecho a la protesta. Sàmper fue el único que aludió a las negociaciones para formar Govern al considerar que «no es negociable» la disolución de la Brimo, la unidad antidisturbios de los Mossos, reivindicación que la CUP puso sobre la mesa con nulas opciones de ser atendida.
Tras denunciar una «violencia desbocada e inaudita», el ‘conseller’ reclamó que «se deje trabajar en paz» a los cuerpos policiales, en una clara exigencia de que el modelo policial se saque de la negociación política.
Condena «hipócrita»
Los anticapitalistas, impulsores de la manifestación del sábado (que discurrió en su mayor parte de forma pacífica), evitaron condenar los ataques a la Guardia Urbana y se limitaron a afirmar, a través de su candidata a la presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater, que «poner en riesgo la vida de una persona es un límite». Sin embargo, consideró «hipócrita» condenar los altercados porque «no soluciona» el malestar social que está detrás de las protestas.
Una de las condiciones que la CUP ha fijado para apoyar la investidura de Aragonès es, precisamente, que haya cambios en el modelo policial, algo que tanto ERC como JxCat y los ‘comuns’ coinciden en que debe abordarse, pero en el Parlament durante la próxima legislatura.
Aunque por ahora estos altercados no han afectado a las negociaciones del Govern, el hecho de que los ‘cupaires’ patrocinasen la convocatoria eleva la incompatibilidad de esta organización con el desgaste de la gestión de un Ejecutivo. A pesar de ello, la ANC ha incluido a la CUP en el «Govern de concentración» que exigieron en una manifestación en la plaza de Cataluña de Barcelona.
Indignación en los Mossos
Por su parte, el cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, advirtió, en referencia a la CUP y como recado a ERC, de que quien no condene de la violencia está «inhabilitado» para gobernar. Ciutadans estudia pedir responsabilidades penales y PP y Vox acusaron a la Generalitat y al Gobierno de Pedro Sánchez de pasividad ante lo que han definido como «terrorismo callejero».
Esa exigencia de reformular el modelo de seguridad ha elevado la indignación de los sindicatos policiales. El sindicato mayoritario entre los mandos de los Mossos cuestionó la posibilidad de que la CUP pueda influir en el cambio de modelo policial catalán a cambio de su apoyo al nuevo Govern.
El sindicato de policías locales de Cataluña SAPOL anunció que se personará en los tribunales como acusación contra los responsables del incendio del vehículo policial con un agente dentro, habiendo al menos un detenido vinculado presuntamente con el acto, provocado presuntamente por un cóctel molotov.
