El exconsejero madrileño Francisco Granados, imputado en Púnica, ha pedido al juez un careo con el extesorero del PP Luis Bárcenas, para tratar de demostrar que mintió cuando declaró que, en su presencia, le entregó un sobre a la expresidenta Esperanza Aguirre con 60.000 euros de un empresario para financiar una campaña electoral.

    La defensa de Granados ha remitido al juez del caso Púnica un escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Efe, en el que hace esta solicitud y trata de desmontar la declaración que prestó Bárcenas como testigo la semana pasada en esta causa, apuntando directamente a la falta de pruebas que corroboren sus acusaciones.

    Granados pide el cara a cara con Bárcenas "a los efectos de acreditar las falsedad de los hechos narrados por el testigo" y para "aclarar los motivos" que le llevaron a declarar en esta causa sobre procedimientos que no forman parte de ella, como el caso Gürtel, en un "totum revolutum".

    En su escrito, la defensa del exconsejero, que ejerce el abogado Javier Vasallo, acusa a Bárcenas de hacer uso de "un recurso muy común" como el de aludir a una persona ya fallecida - como es el caso del extesorero Álvaro Lapuerta- como único testigo que podría ratificar su testimonio, lo que "quiebra toda posibilidad de defensa respecto de lo que sobre él se pudiere alegar". Además tampoco dispone de "ninguna prueba documental en torno a la alegada financiación ilegal del partido", y, pese a que Bárcenas manifestó que disponía de tres cajas con documentos, señaló que se encontraban "en un sitio sin identificar y a través de una persona tampoco sin describir".

    Se trata de "una declaración testifical con mucho bombo y revuelo mediático, pero sin relevancia alguna para el curso de las presentes diligencias de investigación que es lo que nos interesa a las partes" lamenta la defensa de Granados, que expresa su hartazgo por "tanta prospección, expansión y macrocausa a la que no se le ve el fin y a la que cada día que pasa, en vez de ir cerrando el túnel, se abre más incertidumbre respecto de todo".

    En cuanto a las fechas de la campaña para la que supuestamente entregó ese sobre a Aguirre, y que Bárcenas situó en 2007 o 2008, Granados señala que solo puede tratarse de las elecciones de mayo de 2007, cuando aún no existía el delito de financiación ilegal de los partidos. Considera además que no se entiende la presencia de Granados en esa supuesta entrega de dinero porque el jefe de campaña no era él sino Ignacio González, sucesor de Aguirre en la presidencia madrileña e imputado en el caso Lezo. "Resulta ilógico", dice, que en una reunión relativa a una campaña electoral "se encuentre el Secretario General del partido y no el Secretario de campaña que es el encargado de gestionar todo lo relativo a la misma".

    El abogado de Bárcenas cree que las manifestaciones de Bárcena "obedecen a las instrucciones recibidas por alguna persona interesada en traerlo al presente procedimiento, fuere cual fuere la causa para ello, careciendo su declaración, falta de toda prueba en respaldo de ella, de la más absoluta relevancia penal en la causa Púnica". Nada más conocer el contenido de la declaración de Bárcenas el pasado miércoles, Aguirre, también imputada en el caso Púnica, anunció una querella contra él al sostener que sus afirmaciones ante el juez "son rotundamente falsas" y no se sustentan en prueba alguna.