El juez Manuel García Castellón, que investiga el caso Kitchen sobre el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, ha rechazado remitir al Congreso el sumario de esta causa en vista de su "carácter reservado" y con el objetivo de proteger la independencia judicial y los derechos de las partes.

En un escrito remitido al Congreso por el Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Efe este lunes, el titular del Juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional justifica de esta manera la negativa a enviar la documentación de Kitchen a la Cámara Baja para que sea usada en la comisión de investigación abierta allí en torno a esta causa.

"El carácter reservado de las actuaciones judiciales en sede de instrucción es un principio fundamental", indica el magistrado, que cita el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual establece que "las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral".

El segundo argumento de García Castellón para rechazar la remisión de la información es "la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y terceras personas".

"Dado el momento procesal en que nos encontramos, y el buen fin del procedimiento", estos principios "suponen límites infranqueables que, en el presente caso, se verían afectados por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario", afirma el juez.

El informe del magistrado, fechado el 22 de febrero, es la contestación al escrito del día 3 del mismo mes en el cual la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, solicitaba la documentación para su uso en la "comisión de investigación sobre la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer los intereses políticos del PP y de anular las pruebas inculpatorias para dicho partido en casos de corrupción".

En respuesta a una petición de la misma comisión del Congreso, la Fiscalía puso a disposición de la comisión parlamentaria del caso Kitchen los datos recabados por Anticorrupción sobre la relación de causas existentes y los juzgados donde se tramitan, y lo hizo "en cumplimiento del deber de colaboración institucional", según informó el ministerio público el pasado 15 de febrero.