La escalada de violencia en las manifestaciones de los últimos días en Barcelona ha cogido a los partidos políticos en plenas negociaciones para formar el nuevo Govern. Y en este periodo siempre confuso, de propuestas y contrapropuestas, amplios sectores económicos echaban de menos una contundencia mayor por parte de las instituciones contra los disturbios. La concentración del pasado sábado, en la que se intentó prender fuego a un furgón de la Guardia Urbana con un agente dentro, marcó un punto de inflexión, y ayer los principales responsables del Govern y del Ayuntamiento de Barcelona condenaron con claridad los altercados.
La reunión entre el ‘president’ en funciones, Pere Aragonès (ERC), la portavoz del Govern, Meritxell Budó, y el ‘conseller’ de Interior, Miquel Sàmper (JxCat), la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (‘Comuns’), y el teniente de alcalde de Seguridad de la ciudad, Albert Batlle (en la órbita socialista), tenía además la virtud de que agrupaba a representantes de las principales fuerzas. Pero en el encuentro, en el que también participaron responsables policiales, no se concretaron compromisos, más allá de la condena de la violencia.
Protesta y libertad
«El derecho a la protesta es una cosa, la libertad es otra», dijeron tanto Sàmper como Colau. «La violencia nunca es el camino, y menos cuando pone en riesgo la vida de las personas», insistió la alcaldesa. Tras confirmar la participación de «anarquistas italianos y franceses» en los disturbios, y de acusar a «las juventudes de la CUP» de ser uno de los grupos que alientan las protestas, al ‘conseller’ de Interior se le preguntó por el debate abierto acerca de los métodos de los Mossos. Y Sàmper se pronunció contra la posibilidad de promover una moratoria urgente en el uso de balas de foam. «No es el momento. El debate sobre el modelo de orden público tiene que ser sereno, deben intervenir todos», dijo. En su opinión, el asunto debería tratarse con calma en el Parlament.
También aseguró que desde que hace dos semanas un grupo de manifestantes atacaran una comisaría en Vic, Interior trabaja por la seguridad de sus agentes. «No puede ser que los que preservan la seguridad de un país no estén seguros», afirmó para salir al paso de las críticas a su gestión política de sectores de la policía catalana.
El dribling de la CUP a la hora de condenar la violencia persiste
Las palabras de Sàmper dejaban claro que en la reunión de ayer faltaba un actor decisivo en estos días de negociaciones poselectorales: la CUP. Porque el dribling de ese partido a la hora de condenar la violencia persiste. «Las chispas que estallan cuando hay malestar social son un fenómeno que pasa en todas las sociedades. Reducirlo a un tema de vandalismo, escandalizarnos y solo atacar esto, es absolutamente irresponsable», dijo su cabeza de lista, Dolors Sabater, en una entrevista en ‘TV3’ en la que pidió analizar la «causa» que en su opinión desata los altercados en las calles: la «precariedad» socioeconómica. Los anticapitalistas exigen, además, que los protocolos de la policía catalana sean «transparentes».
Pese a estas indicaciones, Sabater sí sostuvo que «poner en riesgo una vida es un límite», equiparando al agente que tuvo que salir del furgón de la Guardia Urbana en llamas a la manifestante que perdió un ojo probablemente por el impacto de una bala de foam.
Vaivenes en JxCat
Mientra,s JxCat llegaba a la cumbre institucional en un contexto de cambio. Apenas diez días después de un duro comunicado del partido de Carles Puigdemont sobre la gestión de los Mossos, y de que el propio Sàmper reclamara una revisión «urgente» del modelo de seguridad ciudadana, ayer el partido independentista cerró filas con la policía. El ‘conseller’ de Interior defendió la labor policial frente al presunto preacuerdo entre ERC y la CUP para, entre otras cuestiones, la moratoria en el uso de las balas de foam o para evitar que los antidisturbios intervengan en desahucios. Sàmper sugirió que si no pueden usar foam, los Mossos deberán lanzar gas pimienta.
