La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la que celebra los planes del Gobierno para reformar los delitos relacionados con la libertad de expresión y le insta a acotar determinados tipos penales, como el enaltecimiento del terrorismo y las injurias a la Corona, para evitar un castigo «innecesario o desproporcionado».
Aunque no expresamente, Mijatovic alude al caso del rapero Pablo Hasel al llamar la atención sobre el hecho de que «en los últimos años un creciente número de sentencias penales han sido dictadas contra artistas por canciones controvertidas y otras ‘performance’, y contra activistas en redes sociales por declaraciones consideradas ofensivas», en base a los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la Corona.
En la carta, fechada el 11 de marzo pero difundida este lunes, la comisaria traslada a Campo su preocupación por ciertos artículos del Código Penal, aduciendo que «tienen un impacto negativo, incluso un efecto disuasorio, en el ejercicio de la libertad de expresión». A su juicio, «el delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo» parece ser «problemático debido a su ambiguo e impreciso lenguaje», recalcando que esta «falta de claridad» ha generado interpretaciones divergentes y hasta contradictorias.
Asimismo, Mijatovic fija también su atención en los delitos de injurias a la Corona para apuntar que «una sentencia de pena de prisión por un delito cometido como parte del debate político debería ser compatible con la libertad de expresión solo en circunstancias excepcionales, cuando el discurso contiene llamamientos al uso de la violencia o constituye un discurso de odio». En este sentido, la comisaria esgrime que «los límites de la critica admisible a los políticos, los representantes de las autoridades y a otras figuras públicas son más amplios que los de la media de los ciudadanos» y, en consecuencia, deben tener un «mayor grado de tolerancia».
Del mismo modo, respecto al vínculo excesivo con el delito de odio, Mijatovic recomienda restringirlo a los casos prohibidos por el Derecho Internacional, esto es «expresiones de odio basadas en la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia que constituyen incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia».
La contestación española
Ante los mensajes desde el Consejo de Europa, Campo contestó, en otra carta del 18 de marzo, que la libertad de expresión «cuenta con pleno reconocimiento en el ordenamiento jurídico español», si bien enfatizó que tanto el TEDH como el Tribunal Constitucional han establecido que tiene límites y que el propio TC «ha llamado la atención sobre la necesidad de realizar una interpretación restrictiva de ciertos delitos para no poner en peligro la libertad de expresión». El ministro reconoce que «la regulación de ciertos delitos relacionados con la libertad de expresión sigue planteando problemas», explicando que por eso el Gobierno de Pedro Sánchez anunció una reforma de los delitos que «más claramente pueden entrar en conflicto con la libertad de expresión».
