La presión contra los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y sus reformas judiciales ya ha llegado a Bruselas. Las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 magistrados españoles, remitieron este lunes un escrito a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo de Didier Reynders, denunciando lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de derecho en España por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.
En el escrito, de seis páginas, los firmantes -que engloban todo el espacio del centroderecha de la juricatura- solicitan a la Comisión Europea la adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la UE como son los derechos humanos o el imperio de la ley.
Concretamente, solicitan a la Comisión Europea, que tome conocimiento de su escrito acerca de las reformas legislativas sobre «el apagón y desapoderamiento» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su «colonización por los partidos políticos», que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), «y con ello su independencia e imparcialidad».
A juicio de los firmantes, esta actuación pone en riesgo el Estado de derecho, «lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión». En este sentido, en la misiva, los jueces explican a la Comisión que el sistema de elección actual de 12 de los 10 vocales del CGPJ, los de origen judicial, fue avalada por el Tribunal Constitucional, si bien la condición de constitucionalidad pasaba porque las formaciones políticas no se repartiesen los vocales atendiendo a su representación parlamentaria.
Sin embargo, dentro las asociaciones de magistrados, no todos comparten los motivos de la carta. La portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) -otra de las entidades grandes de la juricatura, en este caso progresista-, Ascensión Martín, mostró ayer el respeto, aunque no comparte sus criterios. A su juicio, lo importante es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace dos años, que no se realiza porque el PP, rechaza sentarse a dialogar.
Reacción política
En este escenario, el PP y Ciudadanos aprovecharon la situación para atizar contra el Gobierno y pedir que rectifique en sus propuestas de reformas judiciales vinculadas al CGPJ, mientras que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió el actual sistema de renovación, si bien propuso mejoras como el «fortalecimiento» de la evaluación de los 20 candidatos por una comisión en cada una de las cámaras
