El Gobierno aguanta la presión de varias comunidades autónomas y de sus propios socios en el Congreso para que no dé por terminado el estado de alarma, que decae el 9 de mayo. Territorios como Euskadi, Murcia y Andalucía, así como los grupos parlamentarios nacionalistas y de izquierdas en los que la coalición del PSOE y Podemos se ha apoyado durante esta agitada legislatura, reclaman que prorrogue el periodo excepcional. O al menos, que apruebe nuevas leyes para actuar frente al coronavirus. Pero Pedro Sánchez no se mueve, como se plasmó ayer en el Congreso, durante un debate bronco en el que el presidente dio cuenta de la alarma y de los fondos de recuperación.
El Ejecutivo ofrece tres argumentos para defender que no tiene sentido continuar más allá del mes que viene con el mecanismo que ha permitido los confinamientos perimetrales y el toque de queda. El primero es epidemiológico. En la Moncloa están convencidos de que los datos de contagio mejorarán mucho en las próximas semanas gracias a la vacunación. El segundo es económico. Tiene que ver con las expectativas depositadas en la reactivación económica, muy vinculadas al turismo nacional e internacional. Si la alarma continúa, aunque no haya restricciones a la movilidad, la población no se animará a viajar. Y el tercero, confesado en privado, es político. Los colaboradores del presidente anticipan que no tendrían problemas en lograr apoyos parlamentarios para prorrogar la alarma, pero admiten que ese paso les penalizaría en las urnas frente a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta y candidata del PP, y su mantra de «socialismo o libertad».
Así que Sánchez se quedó donde estaba. «Queda un mes para que finalice el estado de alarma. La intención es no prorrogar», dijo en su primera intervención.
¿Qué pasará tras el 9 de mayo?
Los socios no recibieron bien estas palabras. «¿Qué prisa hay en anunciar que no se prorroga? Sin el estado de alarma, las comunidades no tienen herramientas para limitar la movilidad», señaló el portavoz del PNV, Aitor Esteban. Más País, Compromís y el PDECat lanzaron un mensaje similar. También Ciudadanos. «¿Le importaría decirle a los españoles qué tiene intención de hacer el 9 de mayo?», le preguntó al presidente la líder naranja, Inés Arrimadas.
«¿Cuál es la alternativa al estado de alarma? Es un plan de vacunación que se ha intensificado, en primer lugar. Y en segundo lugar, la cogobernanza sin el estado de alarma», contestó el jefe del Ejecutivo en su segundo turno. Es decir, no habrá ni prórroga ni nuevas leyes. Si acaso, ante el escenario de tener que aplicar nuevas restricciones, será el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al Gobierno y las autonomías, quien dé el paso.
El presidente acudió al Congreso un día después de una mala noticia para la vacunación: la compañía Janssen había anunciado que detenía la entrega de antídotos a la UE tras detectar seis casos de trombos en las siete millones de dosis inoculadas en EE UU. Los expertos temen que este tropiezo dificulte el objetivo del Gobierno de inmunizar al 70% de los españoles a finales de agosto. Pero Sánchez no. El presidente señaló que el calendario de vacunas se mantenía inalterable.
El «plan b» de Casado
Ante esta realidad, el PP registró ayer -informa Europa Press- su proposición de ley para reformar la Ley Orgánica de Salud Pública con el fin de que, en casos de pandemia, las autonomías puedan limitar la circulación de personas y el derecho de reunión sin necesidad de decretar el estado de alarma. Horas antes, el líder popular, Pablo Casado, había vuelto a ofrecer este ‘plan b’ a Sánchez proponiendo que se tramite de urgencia y en lectura única con el fin de que se pueda aprobar en un plazo de quince días y que así esté en vigor para cuando venza el vigente estado de alarma, que acaba el 9 de mayo.
La reforma del PP busca desarrollar un catálogo de actuaciones extraordinarias permitiendo incluir, entre otros elementos, «el sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública; el sometimiento a cuarentena o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas; el sometimiento a aislamiento y a tratamientos, cuando proceda, a las personas afectadas; así como la localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas». Y añade además otra opción: «controlar o limitar las entradas y salidas de zonas afectadas o amenazadas y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas».
