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Una larga investigación en marcha para Juan Carlos I

La Fiscalía asume que las pesquisas se alargarán y se prevé que el emérito solo declarará ante el Supremo si se presenta una querella en su contra

El rey Juan Carlos I saluda en el Congreso en el 40ª aniversario de la Constitución, en 2018. JOSÉ LUIS ROCA

Cuando se somete a investigación a quien fue el jefe del Estado el celo se extrema al máximo. Por eso la fiscalía ha asumido que la que tiene entre manos relativa al rey emérito será larga hasta poder estar en condiciones de determinar cómo deben concluir las tres diligencias abiertas en torno a su figura. Las opciones siguen siendo dos: archivar las pesquisas, al entender que las regularizaciones fiscales presentadas por Juan Carlos I por más de cinco millones de euros son suficientes para reparar el daño causado con su conducta delictiva, o hacer justo lo contrario y presentar una querella en su contra ante el Supremo.

Así, a pesar de que el año pasado se daba por hecho que la primera de las tres diligencias de investigación abiertas al rey emérito, la relativa a las presuntas comisiones por la construcción del AVE a La Meca, concluiría antes de que concluyera 2020, el tiempo ha demostrado que no ha sido así. Las fuentes fiscales consultadas por este periódico explican que esa opción se barajó, pero se descartó como consecuencia de que fueran apareciendo nuevas líneas de investigación que se solapaban y obligaban a ampliar las averiguaciones.

Las diligencias abiertas por el pago desde cuentas irlandesas con tarjetas opacas a nombre del exayuda de campo del rey, Nicolás Murga, y nutridas con fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause llevaban un año en Anticorrupción cuando pasaron al Supremo tras su prórroga.

Con esas ‘tarjetas black’, familiares del rey emérito, como sus nietos Victoria Federica y Froilán, pagaron gastos varios. Esto coincidió con las terceras de las diligencias en marcha: las relativas a un fondo en la isla de Jersey.

Además, solo con ver los lugares que jalonan las diligencias seguidas contra el exmonarca se sabe que se trata de una investigación internacional, en la que hay que instar la colaboración judicial de otros países. Eso se hace con comisiones rogatorias, con las que se solicitan a otros países documentos o sirven para interrogar a testigos o imputados, lo que retrasa más el proceso.

Los «ajustes» ante Hacienda

La prolongación de las pesquisas ha permitido al rey emérito, a través de su abogado, el penalista Javier Sánchez-Junco, presentar dos regularizaciones para ponerse al día con Hacienda. La primera, por 678.393 euros, obedecía a los pagos con las tarjetas, mientras que la segunda, por valor de 4.395.901 euros, se relacionaba directamente con «las rentas derivadas de la asunción, por la fundación Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios realizados» por el rey emérito.

Para determinar si debe interponer o no querella, la fiscalía necesita el informe de la Agencia Tributaria sobre dichas regularizaciones. Para entregar el de la primera requirió de tres meses, lo que permite augurar lo que tardará en pronunciarse sobre la segunda, de cuantía muy superior.

Mientras, lo que la fiscalía tiene claro es que, llegado el punto en el que entendiera necesario presentar querella, solo interrogará al emérito la Sala Segunda del Supremo, que es el órgano ante el que está aforado una vez que perdió la inviolabilidad al abdicar, en junio de 2014. La opción de ofrecerle declarar voluntariamente ante el ministerio público, como se hace con otros investigados, queda descartada totalmente.

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