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Comisión de investigación

La falta de acuerdo bloquea el informe final sobre el siniestro de Spanair

El PSOE no ceja en su intención de exculpar a Fomento y evitar una actuación de la Fiscalía

Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Víctimas del JK5022, en un acto.

Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Víctimas del JK5022, en un acto.

La comisión de investigación abierta en el Congreso sobre el accidente aéreo de Spanair del 20 de agosto de 2008, en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas, mantiene las espadas en alto en relación con el tipo de conclusiones y resoluciones que se pretenden incluir en el dictamen final. Las posiciones de los grupos parlamentarios siguen muy distantes y eso ha provocado el aplazamiento a mañana del debate y votación definitiva del dictamen, prevista para ayer, sobre las causas del siniestro y las recomendaciones para mejorar la seguridad aérea en España.

En esencia, el documento elaborado por la presidenta de la Comisión, la diputada canaria de Unidas Podemos Meri Pita, pese a incorporar modificaciones respecto a su primera versión en base a un previo informe jurídico del letrado de la misma, sigue apuntando a los gestores del entonces Ministerio de Fomento como responsables del “fallo sistémico” que condujo a la catástrofe y de la deficiente asistencia a los supervivientes, y mantiene una vía abierta para la actuación de la Fiscalía General del Estado, algo que rechaza el PSOE y sobre lo que en estos momentos se mantiene en franca minoría.

A propuesta de los socialistas, todos los grupos salvo el PP y Vox aceptaron la convocatoria de una nueva sesión para este jueves, último día de funcionamiento de la comisión ya que es la fecha límite hasta la que el pleno del Congreso le prorrogó el plazo hace un mes. Meri Pita presentó ayer a los grupos un nuevo texto de borrador de dictamen en el que se matizan algunos de los puntos que el informe del letrado proponía retirar o modificar sustancialmente. Uno de ellos, el de imputar “responsabilidades” de forma directa y nominal a una lista de 17 personas, encabezada por la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y que incluye a toda la cúpula de la administración aeronáutica y del aeropuerto de Madrid-Barajas en ese momento. Solo se modifica retirando de esa lista los cuatro nombres asociados a entidades jurídicas (Spanair, Boeing y Mapfre), así como al técnico que revisó el avión antes del accidente y cuya imputación fue archivada por el juez en la causa penal. Pero la nueva propuesta de Pita mantiene en la lista a todos los cargos públicos.

El PSOE considera que esta conclusión del borrador de dictamen, la número diez, sigue haciendo caso omiso del informe del letrado en el que se apuntaba que dicho punto sigue sin aclarar si las personas incluidas en el listado tienen una “responsabilidad política” o una “responsabilidad en sentido general y amplio”, por lo que, de aprobarse un texto con esos términos, podría producir una vulneración de su derecho al honor. Eso contravendría, sostiene el letrado, una sentencia del Tribunal Constitucional de 2018, en la que se anuló una resolución aprobada por las Cortes Valencianas en relación con el accidente del Metro de Valencia producido en 2006 en el que murieron 46 personas.

La portavoz del PSOE en la comisión, la tinerfeña Tamara Raya, asegura que el borrador de dictamen “se sigue extralimitando” respecto al papel de una comisión parlamentaria de investigación. Afirma que “se puede hablar de responsabilidades políticas en general, pero no se puede señalar a personas concretas porque no hay indicio de que durante la comisión se hayan descubierto hechos ilícitos”. Además, entiende que “no cabe señalamientos individuales porque las responsabilidades políticas estarían en su caso extinguidas”.

Los socialistas han presentado 22 enmiendas corrigiendo partes sustanciales del primer borrador de dictamen y ayer lograron aplazar el debate para tratar de pactar algunos de los puntos, pero la mayoría de los grupos apoya que se mantengan los 13 nombres cuestionados. “El PSOE tendrá que admitir esa depuración de responsabilidades políticas de la cúpula de Fomento en ese momento”, coincidieron en afirmar distintos portavoces, asumiendo así la dificultad de que el texto final que apruebe la comisión y que se traslade al pleno para su votación en unas semanas, alcance el amplio consenso que se pretendía.

El otro punto conflictivo es la posible actuación de la Fiscalía por posibles “conductas negligentes” de algunas de las personas mencionadas. Tras el rechazo del letrado de la comisión a incluir esa recomendación entre las conclusiones del dictamen por considerar que el escrito no identifica en ningún momento ni las conductas negligentes, ni a las personas supuestamente responsables de ellas, el nuevo texto lo que hace es recomendar a la Mesa del Congreso que, a través de la Presidencia de la Cámara, “ponga en conocimiento” del Ministerio Fiscal “en relación con lo dispuesto en el artículo 502 del Código Penal”, un posible delito de desobediencia, por la negativa de determinadas empresas o instancias a facilitar documentación que podrían arrojar luz sobre las causas del accidente, o sobre el derecho de las víctimas a una indemnización justa y con arreglo a las normas internacionales.

En concreto, se busca a actuación de la Fiscalía por la negativa de la dirección general de Aviación Civil a facilitar un ejemplar firmado de la circular de ese departamento (la número 11-19B) en la que se prorrogaba legalmente el permiso de aeronavegabilidad del aparato luego siniestrado; así como por el hecho de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil tampoco ha entregado la base del informe que emitió en 2008 y en la que exculpaba de toda responsabilidad en el accidentes a la administración y solo señalaba como causa del mismo al “error humano” de los pilotos.

También se pide solicitar oficialmente a Boeing los datos técnicos del modelo de avión accidentado, el MD 82, el mismo en el que se han detectados fallos como el del avión de Spanair en otras parte del mundo, y “contrastar si el trato dado a las víctimas del vuelo JK5022 por parte de la aseguradora de Mapfre se ajusta a la normativa la internacional”.

La presidenta de la Asociación de Afectados por el Vuelo JK5022, Pilar Vera, afirmó este martes que esperan que “el PSOE estatal, que era el único que se oponía a esta comisión pero que terminó votándola, permanezca en la cordura que ha presidido los trabajos de esta comisión y que finalmente los grupos lleguen a un acuerdo”. Vera, autora de buena parte de los argumentos plasmados en el borrador de dictamen sometido a debate, aseguró que para el colectivo de víctimas hay “tres líneas rojas”: “que se revise el informe oficial del accidente, porque eso fue lo que provocó el archivo judicial; que se remita el dictamen a la Fiscalía para depurar posibles responsabilidades de otro tipo; y que a los responsables políticos se les identifique con nombres y apellidos”.

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