El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá de forma extraordinaria este miércoles a propuesta de ocho de sus 20 vocales para decidir si plantea un conflicto de atribuciones con el Congreso a cuenta de la reforma que le impide realizar nombramientos mientras esté en funciones. Los vocales que han forzado el pleno, para decidir si se eleva el enfrentamiento al Constitucional, ven la modificación "inconstitucional", una "injerencia" en la independencia judicial y sostienen que, en ningún caso, puede ser un instrumento para forzar la renovación del órgano, que lleva en funciones desde diciembre de 2018.
Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz y Ángeles Carmona, todos ellos del sector conservador, solicitaron la celebración del pleno antes de que se cumplan 30 días de la promulgación de la ley que consideran invade las competencias del CGPJ. En él serán los 20 vocales y el presidente, Carlos Lesmes, quienes decidirán si es así o no. En caso afirmativo, el primer paso será dar oportunidad a las Cortes de retirar la polémica modificación legislativa.
Daño a la justicia
En su escrito, al que ha tenido acceso este diario, los vocales, que también proponen pedir al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad e informar de lo ocurrido a la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021, argumentan que la reforma del órgano efectuada "ahonda en una concepción parlamentarista del CGPJ, viendo en él un reflejo de las fuerzas políticas con representación parlamentaria en un ámbito que debe ser ajeno, todo lo cual provoca un enorme daño a la imagen de la justicia en España".
Argumentan que supone "un fraude constitucional, puesto que el retraso en la renovación nunca puede justificar un menoscabo de atribuciones previstas por el constituyente; supone una injerencia por parte del Parlamento en las competencias del Poder Judicial, afectando a su independencia y contribuyendo a la politización de la justicia, y pone en peligro la separación de poderes, situando al Poder Judicial en un plano de inferioridad y de dependencia respecto al resto de poderes".
En el pleno de la semana pasada, al que se elevó un informe del gabinete técnico que advertía de la "atrofia" y "paralización" que la reforma suponía para el Consejo, solo un reducido grupo de vocales se mostró partidario de iniciar el conflicto de atribuciones.
Conflicto de atribuciones
Los conflictos de atribuciones son los que pueden surgen entre el Gobierno, el Congreso, el Senado y el Consejo General del Poder Judicial. "Cuando uno de estos órganos constitucionales considere que otro de ellos adopta decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución o las leyes orgánicas, lo hará saber al órgano invasor dentro del mes siguiente en que hubiera llegado a su conocimiento la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y le solicitará que la revoque", marca su tramitación.
"Si el órgano al que se dirige la solicitud afirma que actúa en el ejercicio de sus atribuciones o, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, no rectificase en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones puede plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas", según explica el alto tribunal.
Decida lo que decida el CGPJ este miércoles el Constitucional tendrá oportunidad de pronunciarse sobre la reforma que restringe los nombramientos del Consejo mientras esté en funciones, puesto que la ha recurrido Vox y el PP impugnó su tramitación exprés.
