Las defensas del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y de otros cinco condenados por el 'procès', entre ellos el ex consejero Raül Romeva, no contestarán al requerimiento de informe sobre sus indultos realizado por el Tribunal Supremo (TS), que el miércoles les dio cinco días de plazo para que alegaran lo que consideren conveniente acerca de esta petición. Así lo han señalado a Europa Press fuentes de sus defensas, que indican que este trámite de audiencia a los condenados no está previsto en la Ley de Indulto, por lo que no tiene previsto responderlo.

La defensa de los ex consejeros Josep Rull, Jordi Turull y del ex presidente Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez -condenados por sedición- ha explicado que sus clientes no se sienten interpelados por el alto tribunal y, en consecuencia, no presentarán ningún escrito. Tampoco contestará al Supremo la defensa del condenado por desobediencia y también ex consejero del Govern Carles Mundó, cuyo abogado actúa en consonancia con la actitud pasiva que esta parte ha venido manteniendo respecto a este expediente.

Por su parte, las defensas de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y de la ex consejera Dolors Bassa, condenadas también a penas de cárcel por un delito de sedición, están valorando si contestar al Supremo. El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ya rechazó el mismo miércoles la posibilidad de recibir el indulto. "No aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento ni indulto", manifestó.

Requerimiento del Tribunal Supremo

El TS ha dado cinco días de plazo a los 12 condenados por el proceso independentista en Cataluña para que cada uno de ellos "exprese lo que tenga por conveniente" sobre la petición de indulto y, "si lo considera oportuno", haga alegaciones previas a la elaboración del informe que debe realizar el tribunal.

La Sala de lo Penal explicó que ha decidido escuchar lo que tenga que decir cada condenado, dado que las peticiones de indultos no proceden de ellos, sino que están promovidas por "terceras personas e instituciones". Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor Junqueras; los ex consejeros Bassa, Rull, Romeva, Turull, Mundó, Santi Vila, Joaquim Forn y Meritxell Borràs; los 'Jordis' -Sánchez y Cuixart-; y Forcadell. Algunas de ellas se refieren a todos los condenados y otras solo a algunos.

El trámite del indulto

El Supremo ha recabado los informes requeridos por el trámite del indulto. Tiene ya en su poder el de los servicios penitenciarios, el de la Fiscalía y el de la Abogacía del Estado, tras lo cual deberá emitir el suyo propio y enviarlos todos al Ministerio de Justicia, que los estudiará para adoptar una posición que llevará al Consejo de Ministros.

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La Fiscalía se ha opuesto a la concesión de la medida de gracia, debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación. La Abogacía del Estado, por su parte, ha rehusado pronunciarse a favor o en contra de los indultos, por considerar que es una decisión que compete al Gobierno, si bien ha destacado que el "perjuicio económico" provocado con el referéndum independentista del 1-O estaría reparado.

Sin embargo, ninguno de estos informes es vinculante para el Gobierno, que tiene la última palabra sobre los indultos. La concesión, en caso de producirse, corresponde al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en una comparecencia parlamentaria del pasado 23 de septiembre que los indultos solicitados a favor de los condenados por el 'procès' comenzarían a tramitarse la semana siguiente y, en una entrevista concedida el 30 de diciembre a Rac1, auguró que terminarían en el primer semestre de 2021.