El ex president Carles Puigdemont y los ex consellers Clara Ponsatí y Toni Comín recuperan provisionalmente su inmunidad parlamentaria. El vicepresidente del Tribunal General de la UE, el chipriota Savvas Papasavvas, ha accedido a la petición de las medidas cautelares solicitadas por los tres eurodiputados y ha paralizado provisionalmente la suspensión aprobada a principios de marzo por el pleno del Parlamento Europeo, tras un largo procedimiento de más de un año a raíz del suplicatorio enviado por el Tribunal Supremo a principios de 2020, en el marco de los juicios del procés.

La decisión quedará suspendida hasta que la corte europea adopte “un auto que ponga fin al presente procedimiento de medidas provisionales”. Según recuerda en su auto provisional la corte con sede en Luxemburgo, el Parlamento Europeo todavía no ha podido presentar sus observaciones sobre la demanda de medidas provisionales por lo que “a día de hoy es posible determinar si su fundamento ha quedado suficientemente demostrado”. El vicepresidente del alto tribunal señala también que, de resultar fundadas, las alegaciones fácticas y jurídicas de los tres eurodiputados justifican que se mantenga el status quo hasta que sea examinado más detalladamente las alegaciones de las partes y se pronuncie con carácter definitivo sobre la demanda de medidas provisionales.

Los tres eurodiputados presentaron el pasado 19 de mayo un recurso de anulación a la decisión del pleno del 9 de marzo que aceptó el suplicatorio solicitado por el juez Pablo Llarena. En él, alegaron que la Eurocámara no les había garantizado la posibilidad de ejercer, en su calidad de eurodiputados, sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos y que había vulnerado los derechos que les confieren varios artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Unos días después, el 26 de mayo, presentaron una demanda de medidas provisionales en la que pidieron al vicepresidente del Tribunal General la suspension de la ejecución de las decisiones.

En su recurso, advierten de que hay “un riesgo real e inminente” de que puedan ser detenidos y encarcelados lo que les impediría representar a los ciudadanos de la Unión durante el resto de su mandato. En concreto, alegan que esas decisiones permiten a cualquier Estado miembro y al Reino Unido –donde sigue el proceso contra Clara Ponsatí- ejecutar las órdenes de detención europeas emitidas contra ellos y que cualquier autoridad judicial podría detenerlos o limitar su libertad de circulación y entregarlos a las autoridades españolas.

Según los diputados, las decisiones no se oponen a que sean detenidos provisionalmente, tras su posible entrega a las mencionadas autoridades. Esto, insisten, podría causarles “un perjuicio grave e irreparable” ya que su posible detención o la limitación de su libertad de circulación vulneraría su derecho a desempeñar sus funciones de diputados europeos. Teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo ha anunciado la intención de reanudar sus sesiones plenarias en Estrasburgo a partir del pleno que arrancará la semana del 7 de junio alegan que se verían expuestos al riesgo de ser detenidos si viajaran a Francia.