El inspector jefe de la UDEF a cargo del 'caso 'Gürtel' y la caja b del PP, Manuel Morocho, empezó a declarar este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón las presiones que recibió, tanto por las buenas como por las malas, para tratar de apartarle de la investigaciones que realizaba en relación con la principal trama de corrupción del PP y la contabilidad manuscrita que había llevado su extesorero Luis Bárcenas. 

Fuentes presentes en la declaración, que continuará este viernes, señalaron a este diario que las trabas a sus investigaciones comenzaron en 2011, al sobrecargarle de trabajo, pero el punto más crítico llega en 2013 con la publicación de los llamados papeles de Bárcenas. El testigo, en el mismo sentido que declaró en el juicio de la 'caja b' y en la comisión de la 'operación Kitchen' del Congreso, ha dibujado "un panorama", en relación a cómo tenía que actuar su trabajo, que el juez ha calificado de "desolador". Él ha respondido diciendo que todavía lo fue más, porque se dio cuenta de que no podía fiarse de ningún otro servicio policial y acabó recurriendo a cuerpos en el extranjero.

Según explicó, hasta los policías que custodian la Audiencia Nacional informaban a Interior de cuándo iba a dar cuenta al juez del avance de la investigación. Entre las medidas de seguridad que adoptó figuró no incluir conclusiones en sus informes para evitar su censura por parte de sus mandos.

López Hierro, un fallo

En este sentido señaló que cuando entregó al Juzgado Central de Instrucción número 5 el informe sobre los donantes del PP, su superior le indicó que tenía un fallo: la inclusión del empresario Ignacio López del Hierro, esposo de la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal, porque "era amigo" del excomisario José Manuel Villarejo, principal imputado en la causa en la que se investigan las cloacas del Estado. 

Para eludir censuras, incluyó anexos y evitó las conclusiones. De tal forma, que los donantes del PP y quienes habían cobrado sobresueldos, como el propio expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, aparecieran, pero no de tal forma que Interior los localizara para obligarle a quitarlos. También evitó que en su equipo se introdujeran topos al impedir la incorporación de nadie que no fuera de su confianza. Se intentó que Andrés Gómez Gordo, el policía de la confianza de María Dolores de Cospedal, entrar en su unidad investigadora.

Presiones en forma de premio 

Según Morocho, el comisario principal José Luis Olivera le citó en una cafetería para ofrecerle ir a Lisboa y mientras estaba con él recibió una llamada que identificó con el ministro, el también imputado Jorge Fernández Díaz, extremo que la defensa de este negó tajantemente a los medios y recordó que él nunca estuvo entre los perceptores de sobresueldos del PP que mencionó Bárcenas. El testigo lo interpretó como una forma de presionarle y señalarle que la propuesta contaba con el beneplácito del político.

También pudo haberse ido a la ONU en Viena, a la comisión contra la impunidad en Guatemala, y a cualquier embajada que hubiese querido, pero Morocho rehusó cualquier promoción y prefirió seguir investigando al PP. Entre lo que le pidió Olivera estaba que le remitiera a él los informes que preparaba antes de entregarlos en el juzgado. Él no lo hizo, pero sabe que otro policía de la Udef, sí.