En política, hay aseveraciones que se repiten en distintos foros y contextos. Pero pesan más cuando se solemnizan en sede parlamentaria, y más si pretenden servir de aviso a unos y de mensaje tranquilizador a otros. "No habrá referéndum de autodeterminación, salvo que los independentistas consigan convencer a las tres quintas partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución y los españoles ratifiquen ese cambio mediante referéndum. Ya les digo yo que el PSOE nunca jamás lo aceptará".

Pedro Sánchez lo afirmó así, con toda la contundencia posible, este miércoles en el Congreso, en la comparecencia programada para explicar los indultos a los presos del 'procés' y para hablar de los dos últimos Consejos Europeos. Un pleno que decidió arrancar precisamente por la medida de gracia, en línea con la voluntad de su Gobierno de no ocultar una decisión que, para bien o para mal, marcará esta legislatura. Esa declaración, apenas unas horas después de la reunión con Pere Aragonès en la que el president volvió a ratificarse en su demanda de autodeterminación y amnistía, funcionaba como una clara advertencia (y recordatorio) al independentismo, pero también como un mensaje dirigido a la oposición y al propio electorado socialista.

Sánchez: "No habrá referéndum salvo que quienes lo defienden convenzan a los 3/5 de esta Cámara"

Sánchez: "No habrá referéndum salvo que quienes lo defienden convenzan a los 3/5 de esta Cámara" Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Sánchez reiteró la argumentación expuesta en las últimas semanas, y se detuvo especialmente en por qué cree que ahora mismo eran necesarios esos indultos, un instrumento "constitucional" y que el Consejo de Ministros otorgó por razones de "utilidad pública". Recordó que siempre ha sostenido que la superación de una crisis política debe ser "fruto" de la política, porque "la vía judicial no vale por sí sola para garantizar la convivencia en Cataluña" y porque los responsables públicos no deben "dejar descansar en los tribunales" su responsabilidad política. En 2017 hubo un "quebrantamiento de la legalidad", entonces era prioritario "sancionar" ese comportamiento, después vino, en 2019, la sentencia del Supremo, que el Gobierno "no cuestiona en absoluto" y, con Cataluña incendiada, había que "reivindicar la autoridad" del tribunal y el "Estado no podía admitir chantajes". Era su forma de justificar por qué entonces, a las puertas de las elecciones generales del 10-N, advirtió de que velaría por el "cumplimiento íntegro" de las penas impuestas por el TS. Palabras de campaña que, como era previsible, le lanzó a la cara Pablo Casado nada más subirse a la tribuna.

"Horizonte de progreso"

Pero "el escenario hoy es bien distinto", proclamó. Nueve condenados, dijo, tenían cumplidos 44 meses en prisión (los otros tres, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, ya habían satisfecho la pena de inhabilitación y la multa), el procedimiento de indulto había alcanzado todos los trámites y debía ser resuelto, y España está ya empezando a dejar atrás la pandemia. Además, se atisba una recuperación económica "poderosa", "intensa y firme". Es decir, que "todo está listo para abrir un horizonte de progreso", dijo, todo dispuesto para abordar una "nueva etapa de convivencia revitalizada" para la que se necesitan todas las "energías económicas" que pueda aportar Cataluña.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia. REUTERS

A la derecha, Sánchez le recordó que "nadie puede ser condenado por sus ideales, sino por quebrar la ley", porque en democracia "caben todas" las posiciones, incluso las independentistas. Pero a los separatistas les recordó a su vez que "violaron la ley" y que España es "una de las 23 democracias plenas del mundo", como recoge el prestigioso índice de 'The Economist', y en concreto recibe una puntuación del 9,58 sobre 10 en el apartado de pluralismo. "No es cierto afirmar que alguien ha sido perseguido por sus ideas", espetó, para combatir la etiqueta de España como "Estado represivo", como reiteran los secesionistas.

Como en otras ocasiones, el jefe del Ejecutivo sostuvo que las razones para los indultos "pueden o no ser compartidas" y comprende a los ciudadanos que tienen "reparos" y se oponen a la medida de gracia, y entiende especialmente, dijo, a la sociedad catalana que se sintió "agredida por su Govern y no tiene la certeza de que no se vaya a repetir". Entonces Sánchez prometió que su Gobierno "seguirá actuando con la máxima firmeza" para "defender" el Estatut, la Constitución y las leyes. Fue entonces cuando engarzó con su proclamación solemne de que "no habrá referéndum de autodeterminación", porque el PSOE "nunca jamás" lo aceptará.

La respuesta en forma de palo llegó después por parte del portavoz de ERC, Gabriel Rufián: "Usted también dijo que nunca habría indultos, así que denos tiempo". Frase que sirvió a la derecha para ratificarse en que Sánchez no cumplirá su compromiso. El líder socialista no entró al trapo del dirigente republicano en su réplica: le insistió en que en España "no se persiguen ideas", le apremió a que Aragonès abra una mesa de diálogo dentro de Catalunya y a que el Govern abandone las "posiciones maximalistas". "Hacer política es arriesgarse a que a uno le llamen traidor", le soltó, en un claro mensaje a ERC para que dé pasos sin temor a que le llamen 'botiflers'.

Los dieron Aznar y Rajoy

El presidente reiteró que los indultos enlazan con el espíritu constitucional de "concordia", que sigue "vivo", que era "un propósito duradero", porque además la "discordia política y territorial supone un lastre para la cohesión y el avance económico y social de España". Si en 1978, reivindicó, españoles de bandos distintos pudieron reencontrarse y demostraron que "la única opción es el acuerdo", hoy en día se puede hacer eso mismo, "como ellos".

Sánchez recordó además que el indulto es una medida regulada en España desde 1870, modificada y desarrollada en democracia, "plenamente constitucional" y no "una excepcionalidad jurídica": desde 1979, se han concedido 18.100 perdones, y "todos los gobiernos democráticos" han ejercido esa potestad discrecional y puramente "política": el Ejecutivo de José María Aznar concedió "6.000, y el de Mariano Rajoy, más de 800". El indulto, pues, es legal, "no solo cuando lo adopta el PP", se desquitó. Subrayó que a diferencia de la amnistía, exigida por los independentistas, la medida de gracia "no niega la existencia del delito". Y es una iniciativa "discrecional", sí, "pero no arbitraria" y sí "motivada". Los indultos a los presos del procés son parciales, mantienen las inhabilitaciones e imponen una condicionalidad de 3 a 6 años.

Para el Gobierno, los indultos no están diseñados para beneficiar a los reos, sino que atiende a los "intereses colectivos, generales, de la sociedad española y catalana", y cree que con ellos se puede avanzar en la resolución de la crisis con Cataluña. ¿Aseguran el éxito? "No hay garantías definitivas, no hay verdades objetivas, pero sí hechos objetivos de que pueden aliviar la división en el seno de la sociedad catalana", aseveró. Son una "primera respuesta", y el Ejecutivo actuará "en todos los frentes" para intentar superar el conflicto con la ley en la mano.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se suma al aplauso de la bancada socialista. REUTERS

"Muchísimas dificultades"

Sánchez entonces se dirigió al PP, pidiéndole que sea una "operación europea y de Estado", recalcando que la crisis se resolvería más rápido si contara con él. El presidente retó a los populares a que, dado que están sumergidos en una "oposición destructiva" durante estos tres años, "la única actitud cabal y lógica que le queda sea la presentación de una moción de censura". Así, le desafió a que se ofrezca como alternativa y vea sus apoyos. Azuzaba así un árbol que constantemente agita Vox, que emplaza a Casado día sí y día también -este miércoles Santiago Abascal volvió a hacerlo- a presentar la censura contra el Ejecutivo. Pero si no lo hace, siguió Sánchez, que se apreste a desbloquear instituciones: "Señor Casado, sigue teniendo la mano tendida para reformar los órganos constitucionales".

Esa apelación al desbloqueo fue constante en la réplica al líder del PP, en la que se percibió a Sánchez más que resuelto. "Dice que se convierte en el valladar del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del CGPJ... Gracias a usted, España no es Venezuela ni Nicaragua", se mofó, para advertir de que el PP "incumple la Constitución todos los días". "La incumplen tanto como dicen defenderla". Y a la exigencia que Casado hace de "despolitización" de las instituciones, recordó que una exministra de Aznar, Margarita Mariscal de Gante, será quien en el TCu dicte sentencia contra los altos cargos independentistas por presunta responsabilidad contable en la promoción exterior del 'procés'.

Sánchez recordó a Casado que en el proceso participativo del 9-N, en la aprobación de las leyes de transitoriedad, en el referéndum ilegal del 1-O, en la declaración unilateral de independencia "gobernaba el PP". Pero Rajoy no tuvo nunca ni "propuesta ni alternativa", y se lo advirtió a Rajoy, rememoró, en las reuniones que mantuvo con él en aquellos años. El presidente pidió al jefe de los conservadores que no le dé "lecciones" ni de compromiso suyo y de su partido de lucha contra la violencia de ETA y de defensa de la Constitución. Pero Catalunya, para el PP, concluyó, no es una cuestión "de Estado, sino de partido", que le permite captar votos en el resto de España, y su proyecto para la comunidad "es el palo".

El jefe del Ejecutivo, en su réplica, sí sacó la munición contra el PP que no usó en su primera intervención: le sacó la 'policía patriótica' de la época de Rajoy y la 'operación Kitchen': "Sentimos bochorno al comprobar el nivel de descaro al que llegaron en el atropello de la ley cuando gobernaban". Ni siquiera "abren expediente a [María Dolores de] Cospedal". "¿Qué es lo que tienen que ocultar, qué es lo que temen?", le interpeló a Casado, para al final acusarle de no respetar al Rey. "No se apropien de España, de la Constitución, la bandera o la razón", remachó.

70% de inmunizados en agosto

El Ejecutivo es consciente de que se encontrará con "muchísimas dificultades" porque hay quienes "abonan la discordia", pero se mostró convencido de que no hay más obstáculos que los que se encontraron los constituyentes de 1978. "Defiendo la política real, la que suma, la que une, no la que resta y divide", y "el momento y la oportunidad" de recuperar la política "es ahora", esgrimió.

El resto del discurso del presidente, de algo más de una hora, estuvo dedicado a la evolución de la pandemia. Encajó en esa parte de su alocución el anuncio de que el próximo 15 de julio se repetirá el homenaje a las víctimas del covid, presidido por el Rey en el Palacio Real.

También destacó el buen ritmo de la vacunación en España. Ratificó su compromiso de que el próximo 19 de julio se llegue al listón de 25 millones de personas inmunizadas con pauta completa. Si se cumplen las previsiones, a finales de agosto se conseguirá la protección de grupo, los 33 millones de españoles, el 70%, con las dos dosis.