Las defensas de cuatro de los ocho acusados de integrar el brazo jurídico de ETA, Halboka, han alegado que se está vulnerando el derecho de sus representados a no ser juzgados dos veces por los mismos hechos, ya que fueron condenados en 2019 por integrar el órgano coordinador del frente de makos.

Con la exposición de las cuestiones previas, que han sido rechazadas en su totalidad por el tribunal, la Audiencia Nacional ha celebrado este lunes la primera sesión del juicio por el "sumario 13/13".

Este procedimiento se dirige contra 8 supuestos miembros del aparato jurídico de ETA, que supuestamente lideraba la abogada Arantza Zulueta, para quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel por integración en organización terrorista en condición de dirigente y por depósito de armas y explosivos -al serle hallada la ubicación de varios zulos-.

Para el resto de acusados, entre los que se encuentra el abogado Jon Enparantza, el Ministerio Público solicita entre 7 y 12 años de prisión por su presunta pertenencia a ETA o colaboración con la banda.

Se trata de Naia Zurriarain, Julen Celarain, Iker Sarriegui, Saioa Aguirre, Juan María Jáuregui, que no ha comparecido este lunes por motivos de salud, y Nerea Redondo.

Zulueta y Enparantza -para los que la Fiscalía pedía 14 años de cárcel- fueron condenados a 3 años y medio y 2 años y 7 meses de cárcel, respectivamente, a cambio de reconocer su labor para controlar y mantener la sumisión de los presos de la banda a través del órgano KT. A Zurriarain, Celarain y otros integrantes de este frente de "makos" el tribunal les impuso penas más leves de prisión.

Para oponerse a estas cuestiones, el fiscal ha expuesto que no existe vulneración del derecho de estos cuatro acusados a no ser juzgados dos veces por los mismos hechos al entender que mientras estaban en prisión preventiva por esta causa hubo "una interrupción" en su actividad dentro de la banda antes de "reconstruir el frente de cárceles" y mantener la cohesión de los presos a partir de 2012.

El fiscal ha restado importancia a la existencia de una sentencia sobre los mismos delitos por hechos posteriores -la referida actividad en el órgano KT- a los que se juzgan esta semana y ha tachado de "estrategia jurídica" la alegación de estas cuatro defensas.

Por su parte, los abogados de los ya condenados han respaldado los argumentos de la letrada de Naia Zuriarain, quien ha aseverado que el delito de integración en banda terrorista es "permanente" a menos que se produzca una renuncia "manifiesta" a pertenecer a la organización.

Las defensas también han pedido que el tribunal considere las "irregularidades" en torno a las escuchas que el CNI hizo a algunos de los acusados, entre las que, según han detallado, existían conversaciones privadas relativas a su profesión como abogados.

Además han pretendido que se impidiera la retransmisión en directo por Youtube de las sesiones del juicio al considerar que los testigos llamados a declarar podían consultarlas al quedar grabadas, y adecuar así su testimonio.

La presidenta del tribunal Ángela Murillo ha desestimado ésta y las demás alegaciones como la solicitud de las defensas para eliminar la protección de los testigos, en su mayoría guardias civiles, o la petición de dos de las acusadas para no asistir a todas las sesiones del juicio para poder hacerse cargo de sus hijos.

La presidenta del tribunal ha dejado en el aire una posible suspensión de la jornada del próximo martes, en la que se interrogará a los acusados, al manifestar que un miembro del tribunal podría sufrir reacción a la segunda dosis de la vacuna contra la covid que le será administrada en las próximas horas.