La mayoría de los 34 exaltos cargos de la Generalitat a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros en fianzas se han acogido al fondo del Govern para evitar avalar con su patrimonio después de que el Govern diera marcha atrás y aceptara cubrir las cantidades requeridas por gastos relacionados con la acción exterior durante el 'procés' a través del Institut Català de Finances (ICF).

Después de cerrar la puerta ayer al uso del ICF como avalador, el 'conseller' de Economia, Jaume Giró, ha anunciado este miércoles en la sesión de control al Govern que tras recibir "llamadas" de cargos de este ente dispuestos a colaborar y tras debatirlo con el 'president' Pere Aragonès, han acordado la activación de esta institución ante la falta de un banco que se abra a participar en esta operación. Un aval que fuentes de Economia aseguran que será temporal, porque seguirán buscando entidades financieras, incluso en el extranjero, que se abran a colaborar.

"Mis palabras de ayer sirvieron de algo. He recibido llamadas estas horas de gente del ICF que ha pedido por favor que intentemos usar esta disposición adicional como está previsto en el decreto ley. Esto es lo que haremos", ha espetado, después de que descartara esta opción por "prudencia" y para no poner en peligro a los profesionales de la institución.

El ICF es la entidad que gestiona el fondo creado por el Govern el 6 de julio con una dotación inicial de 10 millones de euros pendiente de convalidación parlamentaria. El mecanismo previsto era que los afectados solicitasen la ayuda a un banco, al que la Generalitat prestaría el dinero a través del citado fondo, pero ante la falta de avalador, será el ICF quien actúe.

El plan b, en marcha

Sin embargo, este anuncio no desactiva otra vía paralela para cubrir las fianzas: la 'caja de solidaridad' del 'procés' aportará 1,2 millones de euros y los partidos, a través de donaciones particulares, abonarán el resto, por si el Tribunal de Cuentas no acepta el mecanismo ofrecido por la Generalitat.

En una entrevista en SER Catalunya, Artur Mas ya advertía esta mañana de las "altísimas probabilidades" de que el Tribunal de Cuentas rechace esa opción con la "excusa de que, como es un banco público que pertenece a la Generalitat, la Generalitat no puede directamente cubrir con un aval" a las personas encausadas.

Tanto el Govern como la oposición siguen pendientes del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que tiene hasta el 29 de julio como plazo máximo para decidir si el decreto de la Generalitat se ajusta o no a la Constitución y al Estatut.