La responsable de 'compliance' de Repsol, María Díaz Aldao, ha defendido ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón la legalidad del contrato verbal suscrito con la empresa del excomisario José Manuel Villarejo, Cenyt. Para ello ha apelado a su prestigio, a la oportunidad que implicaba poder ser quien la contratara en vez de que lo hiciera la parte contraria de cara a conocer la operación empresarial estratégica por la que la mexicana Pemex y Sacyr querían hacerse con el control de la multinacional española.

Fuentes presentes en la declaración señalaron que Aldao contestó a todas las preguntas que le realizaron tanto el magistrado como los fiscales Anticorrupción adscritos al caso. Señaló que el contrato suscrito con Cenyt solo respondía a un interés de inteligencia corporativa, sin datos personales de terceros, al contrario de lo que sostiene el magistrado en el auto de imputación del grupo energético que argumenta que en ese contexto se intervinieron las comunicaciones del entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero. Díaz Aldao, que negó este extremo, se basó en que la operación empresarial era necesaria por seguridad corporativa, porque se pretendía controlar la sociedad sin realizar una opa.

Señaló que el contrato fue con Cenyt y no con Villarejo y que también trabajaba para la administración y otras empresas del Ibex, lo que cumplía los estándares. Explicó que Rafael Araujo, el entonces director de seguridad, tenía el convencimiento de que el excomisario estaba en excedencia, extremo que solo se podía comprobar entrando en el escalafón del cuerpo para lo que era imprescindible formar parte de él. Para que se dé el delito de cohecho por el que Repsol y CaixaBank están imputados junto a otro de revelación de secretos es imprescindible que Villarejo fuera policía en activo.

Continuar mañana

Por parte de CaixaBank compareció ante el juez su responsable de la asesoría jurídica, Ignacio Redondo Andreu, que siguió la línea marcada por el presidente no ejecutivo de CaixaBank entre los años 2011 y 2016, Isidro Fainé, cuando señaló que el presidente de Repsol, Antoni Brufau, le "informó de que Repsol ya tenía contratado un encargo, que lo llevaba su director de seguridad corporativa", y le "propuso compartir la información sobre el pacto".

Según Redondo, CaixaBank entendió estratégico el contrato que Repsol ya tenía en marcha que, aunque era verbal se pagó a través de su correspondiente factura, por lo que no se ocultó en ningún momento. En aquel momento la entidad bancaria aún permitía los contratos verbales, por lo que se sumó al suscrito por el grupo energético. El magistrado seguirá este martes tomando declaración al representante de Caixabank.